Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra.
Tres problemas fundamentales tiene la Ley Bitcoin: 1) Su objetivo y alcance 2) su respaldo, 3) su aplicación. Problema secundario, es la repercusión financiera, sobre activos particulares dentro de la nación, con efectos directos en nuestra economía, que se relacionan con otras tendencias dentro del Gobierno y su repercusión, en quienes buscan evitar el lavado de dinero y las actividades de terrorismo.
Según el considerando expresado en la Ley, su objetivo es beneficiar a los sectores a los que no llega el sistema financiero: el 70% de la población. Realmente, el sistema financiero actual, llega al 100% de la población; dicho porcentaje, utiliza el dólar estadounidense para la totalidad de sus transacciones. El uso del internet, base para el Bitcoin, llega sólo al 21% de la población que, en su mayoría, está en las áreas urbanas.
Al declarar moneda oficial el Bitcoin y ordenar obligatoria su aceptación, lo ha convertido en dinero Fiat (dinero por decreto), sin asegurar su valor, que depende de entidad privada extranjera indefinible y es fluctuante, dependiendo de su aceptación (cada vez menor), pero sin que el Estado garantice su valor o existencia: las pérdidas y ganancias son a riesgo del usuario, lo cual equivale a obligar a los salvadoreños, a jugar constantemente a la bolsa de valores, sin poder tener la facultad de salir o invertir, pues cada transacción es de incierto resultado, y para liberarse de esta especulación forzosa, solo se podrá, dejando de ejercer actividad mercantil o trabajo. Los empleados públicos y pensionados están ya en incertidumbre.
Principal problema práctico, es no poder fijar un precio de mercado y sostenerlo en el tiempo, lo cual hará muy difícil calcular el precio de bienes y servicios: la capacidad de cambio del Bitcoin por dinero circulante, estará limitada, al dólar que actualmente se usa en El Salvador.
En la actualidad, si alguien extravía su libreta bancaria, chequera o cualquier título valor, éste puede ser repuesto, pero si se tiene en forma electrónica y hay un fallo en el dispositivo, en la red, es hackeado, robado o la clave se extravía, el Bitcoin no es recuperable.
Diferentes organismos internacionales como la ONU, OEA, Banco Mundial etc, advierten que las criptomonedas (el Bitcoin es una de ellas), pueden facilitar el lavado de dinero y el terrorismo, pues se carece de los controles a los que está sujeta la banca formal, con el uso del dinero real o físico.
En este momento muchas operaciones realizadas con Bitcoin, están siendo investigadas por Estados Unidos y Europa. China la ha declarado ilegal y, nosotros la legalizamos, dándole un respaldo soberano, lo cual no conviene a los intereses financieros de El Salvador, pues limitamos nuestro mercado.
La aprobación del Bitcoin, con la posibilidad de que el Gobierno pueda tomar parte del dinero de los depositantes, a discrecionalidad de la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, podría indicar, según algunos economistas, que el Gobierno está próximo a enfrentar una iliquidez, al no lograr concretar los préstamos solicitados y aprobados en la Asamblea Legislativa y, posiblemente, no poder enfrentar los pagos a la deuda pública, que deberán ser satisfechos, los próximos meses.
Estas medidas, convergen con las restricciones a la prensa, que ya anunció el Gobierno, pues no es la apología del delito, lo que se pretende evitar, sino las condiciones que se están desarrollando internamente y que son contrarias, a lo que publicita el Gobierno.
Las denuncias de las diferentes organizaciones de prensa, sobre la amenaza a la libertad de expresión y las advertencias sobre lo que puede suceder sobre nuestra economía, son verdaderas señales de alarma.
