Por Laura Andrade.
La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revela que, al cierre de su segundo año de gestión, la mayor parte de la población salvadoreña continúa evaluando de forma favorable el actual Gobierno. Sin embargo, a la luz de la evidencia empírica recabada en este estudio de opinión pública, los datos muestran que dicha aprobación no es unánime y que tampoco implica una aceptación incondicional de todas las acciones que han significado retrocesos en materia de transparencia.
El presidente y sus funcionarios insisten en que las acciones que han realizado para reservar información oficiosa sobre distintas compras vinculadas al manejo de la pandemia y de la información que podría servir para esclarecer potenciales actos de corrupción de funcionarios de su Gobierno, en realidad, son medidas para «evitar la desinformación». Sin embargo, es contradictorio sostener que, en busca de la transparencia, se está impidiendo el acceso a información que pudiera comprometerlo a él o a sus personeros. Estas acciones ocurren en un contexto en el que el 92.6% de salvadoreños considera que la población tiene derecho a conocer toda la información de las compras que realizan los gobernantes con fondos públicos, según los resultados arrojados por la encuesta del Iudop. La transparencia es, precisamente, uno de los temas que fragmentan la opinión pública salvadoreña hacia esta administración.
En este sentido, aunque el 90.8% de la población evalúa como bueno o muy bueno el desempeño del presidente Bukele, no todo este grupo está de acuerdo con acciones como la compra irregular de insumos en el marco de la pandemia y el bloqueo de información que podría esclarecer posibles actos de corrupción en el gobierno. Los datos muestran que ninguna de las acciones, relacionadas a reservas de gastos, fue apoyada por la mayoría, y esto se tradujo en un amplio rechazo a estas medidas por parte del sector de la población que no aprobó la gestión gubernamental, pero también se destaca un rechazo mayoritario en el sector que sí aprobó la gestión del presidente (Ver gráfico).
Gráfico. Nivel de aprobación de la población que evalúa de forma favorable el desempeño del presidente hacia medidas gubernamentales
(En porcentajes)
*Este análisis no contempló a quienes se ubicaron en la opción de respuesta “indeciso”
El análisis multivariado de estos datos muestra que, dentro del grupo de personas que valoran favorablemente el desempeño gubernamental (90.8%), menos de la mitad de dicho grupo le otorga un amplio respaldo a esas acciones. Por su parte, aproximadamente 2 de cada 10 personas brindan un respaldo parcial y 3 de cada 10 personas de este grupo brindan un mínimo apoyo a estas decisiones que fomentan la opacidad en el manejo del Ejecutivo, a pesar de que evaluaron favorablemente al mandatario.
Lo anterior nos muestra que la opinión de quienes evalúan bien el trabajo del mandatario no necesariamente se traduce en un férreo apoyo a acciones contrarias a la transparencia en la administración pública. Si el presidente respetara el derecho de la ciudadanía para poder realizar el escrutinio de las finanzas públicas y para exigir que los gobernantes rindan cuentas, estaría preocupado por preservar los avances en materia de transparencia que el país había logrado hasta el momento y, más aún, debería impulsar todas las acciones necesarias para que la información pública empodere a la ciudadanía y le permita exigir sus derechos. Estas sí representarían acciones concretas que beneficiarían a un pueblo al que se le ha obstaculizado por mucho tiempo su derecho a conocer el manejo de las instituciones públicas.
* Laura Andrade, directora del Iudop. Artículo publicado en el boletón Proceso N.° 48.
