En el ambiente político actual, defender derechos de manera independiente, fuera de la órbita gubernamental, está mal visto. Aunque ya en anteriores administraciones se ha criticado o acosado a defensores de derechos humanos, hoy en día se está dando un modo nuevo de hacerlo: se recurre al insulto en redes sociales, a la descalificación en los medios de comunicación del Estado, a las burlas prepotentes de los funcionarios e, incluso, a la amenaza y la manipulación jurídica de acusaciones pagadas.
Establecer la verdad sobre el pasado o sobre el presente —intentarlo siquiera— choca con la resistencia de muchos funcionarios y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este último, por ejemplo, no tiene ningún reparo en utilizar caprichosa y maliciosamente el derecho a la privacidad para encubrir el nepotismo. Quienes defienden derechos y acusan al Gobierno de violarlos son considerados residuos politizados de un pasado corrupto. A los periodistas se les obstaculiza su labor cuando buscan la verdad de hechos que podrían evidenciar fallos gubernamentales. Y si insisten, pueden sufrir la agresión de funcionarios, llegándose hasta el extremo de amedrentarlos mediante seguimiento policial.
Esta situación está enmarcada en la calentura autoritaria que la Presidencia de la República ha contagiado a sus partidarios y funcionarios. En el fondo, aparte de autoritarismo, lo que hay es ignorancia y mala fe. Quienes atacan a los defensores tienen una idea muy superficial de los derechos humanos; no consideran que estos sean irrenunciables e irrevocables, ni creen que deben inspirar a todas las actividades del Estado. A la vez, actúan de mala fe, porque conociendo la Constitución, como se supone que todo funcionario debe conocerla y tenerla presenta, no les importa que la misma tenga como punto de partida los derechos humanos.
Esta actitud se ha mostrado con claridad cuando se ha denostado y despreciado a quienes desean que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado. También en el debate sobre el derecho al agua y al cerrar oídos a las preocupaciones sobre la problemática que para mucha gente entrañará el uso del bitcóin. La verdad, la legalidad y el conocimiento son despreciados si exponen errores, irregularidades o delitos del Gobierno y de las instituciones controladas ilícitamente por el Ejecutivo.
Defender derechos es una de las tareas más nobles de los últimos siglos. En el XIX, los trabajadores comenzaron sus luchas por los derechos a la sindicalización y al salario digno. En el siglo XX, las luchas de los pueblos por la autodeterminación y la defensa de la vida cambiaron la historia. Gandhi, Martin Luther King y monseñor Romero son claros exponentes de esas tareas. La lista de quienes en El Salvador dedicaron su vida a los derechos humanos es larga. Por todo ello, oponerse a la promulgación de una ley que proteja con claridad a los defensores de derechos humanos es un acto de ignorancia que evidencia gran desprecio por la democracia. Perseguir, hostigar y amenazar a periodistas y defensores de derechos humanos es renunciar al rumbo democrático de la civilización y confirmar el gusto por el manejo dictatorial del poder.
EDITORIAL UCA.
