Por: Mauricio Mejía
El 8 de junio, organizaciones ambientalistas, la Iglesia, el sector académico y en general el movimiento social, realizaron la Vigésima Caminata Ecológica, en la que se observó una masiva participación popular que, además de llamar a la defensa del medio ambiente, tenía el propósito de presentar a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley general del agua, que fue recibido por diputadas del FMLN y el diputado de nuestro Tiempo.
En vista que los diputados de Nuevas Ideas archivaron por seis meses los avances que habían sobre la ley general del agua, la lucha por reabrir la discusión legislativa ha sido permanente orientada básicamente a dos grandes objetivos:
Uno: que se ratifique la reforma constitucional para que se reconozca el agua como un derecho fundamental y
Dos: que se apruebe una ley general del agua que garantice que el recurso hídrico no será privatizado y que obligará al Estado, a establecer políticas públicas para que el vital líquido llegue permanentemente a comunidades populares con la más alta calidad según normas internacionales, para que su consumo no sea dañino para la salud.
Ante la presión de la lucha popular, el gobierno rectificó su error, retomó el tema del agua y presentó el 18 de junio al diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Recursos Hídricos del Gobierno y no obstante que el presidente no está facultado para dar plazos al órgano legislativo, pues ello es violatorio de la independencia de poderes, les dio a sus juramentados legisladores, 90 días para que promuevan la discusión y aprobación del proyecto de ley.
En nuestro horizonte visualizamos la existencia de dos proyectos de ley, el del gobierno y el presentado por el pueblo; en tal sentido, en lo inmediato es procedente que la Asamblea Legislativa, promueva una consulta popular para lograr una integración de ambos proyectos, a fin de que la ley que se apruebe incorpore las aspiraciones que por más de quince años han defendido genuinas organizaciones defensoras de los intereses populares relacionadas con un medio ambiente sano y que un servicio público de agua de excelente calidad, accesible y eficiente llegue a todos los sectores del pueblo y especialmente a las comunidades pobres que por ahora han estado excluidas de este derecho.
