Por: Róger Hernán Gutiérrez*
A pesar de que las cosas se sientan y se vivan tan negativas en el país, que prevalezca un panorama generalizado de negativismo arraigado en lo que somos y queremos ser, las decisiones políticas que se están tomando siguen siendo vitales para entender la realidad que vivimos.
El tema en discusión es político, en poco está referido a democracia—hay pretensión alta de que se está en una pelea por la nueva democracia, una pugna que pretende ganar la hegemonía en el país—es decir la economía del grupo o grupos que pretenden dominar está vigente, y en consecuencia no es fácil establecer el proceso con la claridad que todos quisiéramos.
Las decisiones políticas están siendo de arriba hacia abajo y lo poco que se ha rescatado es hacerlo con alguna visión política que no logra esclarecer el asunto de hacia dónde se quiere ir, en tanto que está viéndose acercar parte de la oligarquía a las nuevas fuerzas de la pequeña burguesía que controla el aparato del Estado. Esto aún está en movimiento y la transición va caminándose hacia otro nivel que aún no logra calificarse con propiedad.
En todo esto el motor de la producción son los sectores laborales y no el capital, y la tercera pata de la mesa que es el Estado está frágil, en tanto sigue imponiéndose el proceso de prevalencia del mercado por sobre todas las cosas, incluyendo la ley, históricamente ello ha llevado a un deterioro constante de las relaciones laborales, significando fuerte acción en la aplicación de la estrategia empresarial de la flexibilidad y desregulación laboral, que claramente llevan al no cumplimiento de los derechos laborales y las libertades sindicales.
En ese marco, la administración del trabajo en lo institucional expresa que hay reformas laborales que se están construyendo o ya están en el pronto proceso de llegar al seno legislativo, sin embargo, esto sigue siendo algo demasiado compartimentado, y cuando se observa de esa manera pueden pasar dos cosas o se trata de actos demagógicos que se publicitan sin estar con la voluntad de aprobarse para la clase trabajadora o es algo que va tardar y luego se va imponer y sacar raja política si lleva algo que se ha estado demandando. En concreto la forma de gobernar en la parte laboral sigue teniendo condiciones objetivas y subjetivas que atrasan una administración de la justicia laboral, y hasta el momento no se traducen en acción concreta a favor de las personas trabajadoras.
Es la clase trabajadora organizada la que debe ser informada con todos los datos, para que la discusión y el tema concreto sea en realidad debatido con propiedad, involucrando los intereses de los sindicatos y de las personas trabajadoras organizadas, las mesas por hoy silenciosas como el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y otras, por la forma de comunicar obligada de que todo tiende a hacerse desde arriba y con pocas palabras (twit), estarían ahogando la participación plena—y anulando la autonomía e independencia, que tanto le gusta al Sr. Ministro de Trabajo decir que debe privar.
El salario mínimo, no se ha podido concretar nada, ni tan siquiera una respuesta demagógica, dado que se incumple la ley desde el 2020, donde debió revisarse y optar por un análisis que nunca termina por hacerse, ni en lo técnico al menos, lo que cae en la demagogia de la cartera de trabajo al respecto del tema; lo mismo sucede con las pensiones, que igual se dice que se está trabajando en una respuesta integral, que recoja el sentir y pensar de pensionados (revaloraciones), y de quienes están esperando reformas para tomar una decisión. E igual comentario hay equipos trabajando, carteras de estado haciendo o analizando la reforma que debe ser integral, no obstante, el piso de la legalidad se mueve a conveniencia y nunca se aterriza en algo que vaya concluir en muy provechoso para la gente que lo demanda y lo necesita.
Hay esfuerzos importantes que se mueven en una dirección, pero es claro que no quiere admitirse que el poder en una parte sea para quienes mueven el país con su trabajo, el voto fue importante establecerlo como parte de la acción del pueblo, pero aún no se observa el reconocimiento pleno hacia los derechos humanos laborales, tampoco la administración de justicia laboral está siendo canalizada a proteger y cubrir sus intereses, como tampoco el marco de la ley, de posibles reformas y nuevas leyes laborales, manifiestan una acción claramente pro laboral, y donde el aparato del Estado vaya alcanzando, junto a la movilización el bienestar común.
*Sindicalista salvadoreño
