La difusión de una serie de audios dejó al descubierto una conspiración para descarrilar el proceso electoral en Perú e imponer en la presidencia a la candidata derrotada en las urnas, Keiko Fujimori. En uno de ellos, quien fue jefe de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos, da indicaciones para sobornar a tres de los cuatro integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e indica que el contacto para acceder a los jurados es Guillermo Sendón, un político simpatizante del fujimorismo. En una segunda llamada telefónica, Montesinos sugiere al mismo interlocutor –identificado como el coronel retirado Pedro Rejas Tataje– que la embajada de Estados Unidos podría ayudar a los conspiradores. En otra más, el aludido Sendón asegura a Rejas Tataje que los tres integrantes del JNE votarán a favor de Fujimori a cambio de un millón de dólares para cada uno.
La realidad del complot en curso cobra sustancia toda vez que Luis Arce Córdova, con quien Sendón afirma ya haber hablado, renunció al JNE de forma sorpresiva. La defección de Arce deja al órgano sin quórum para emitir resoluciones, y prolonga así la incertidumbre en torno al resultado oficial de las elecciones efectuadas hace 20 días, en las que el profesor y líder comunitario Pedro Castillo obtuvo la mayoría de los votos.
Las revelaciones son alarmantes por su propio contenido, pero también por exhibir la vigencia de Montesinos como operador del fujimorismo, pese a encontrarse recluido en una prisión de máxima seguridad ubicada en una base de la Marina. Este ex militar representa a lo más siniestro de la derecha latinoamericana, con múltiples acusaciones por secuestro, homicidio, tortura, terrorismo, desaparición forzada, tráfico de armas, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros ilícitos. Como encargado de la política de terrorismo de Estado con que Fujimori buscó aniquilar a grupos insurgentes, movimientos sociales y cualquier expresión disidente, Montesinos orquestó y ejecutó violaciones masivas a los derechos humanos, pero su caída –y la del fujimorato– se produjo debido a la filtración de videos en los que él mismo se había grabado sobornando a congresistas de oposición para que se pasaran al oficialismo. Según se supo después, grababa sus encuentros delictivos con todo tipo de personajes para después usarlos como medio de extorsión.
El desarrollo de los acontecimientos deja claro que las autoridades competentes deben movilizarse para terminar con toda especu-lación en torno al futuro político de Perú, hacer oficial el triunfo de Pedro Castillo en estricto respeto a la voluntad popular, y proceder contra toda persona que participe de un intento de golpe de Estado, sea mediante la manipulación de las instituciones o a través de las armas.
Fuente: La Jornada.
