Por: Mauricio Mejía
Al cumplirse sesenta días de la legislatura 2021-2024, controlada por el partido Nuevas Ideas, las expectativas de golpe de timón con medidas de beneficio popular aún se encuentran en las nubes, así lo demuestra un recuento de las principales decisiones.
El primer día de trabajo, el uno de mayo de 2021, los diputados de Nuevas Ideas, rompieron con la institucionalidad democrática, al usar la mayoría calificada obtenida a través del voto popular, contra principios del republicanismo y la legalidad democrática entre ellos la división de poderes, el estado de Derecho y por supuesto el debido proceso, imponiendo un Fiscal General y una Sala de lo Constitucional, sumisas al presidente de la República.
Uno de los primero actos del fiscal impuesto fue romper con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador CICIES, debido a que dicha comisión se convirtió en una amenaza, para la gestión Bukele, en tanto había presentado al menos 12 casos de corrupción de funcionarios del actual gobierno y se había negado a perseguir con un criterio político ideológico a funcionarios de gobiernos anteriores, según declaración del Secretario General de la OEA.
En congruencia con la política de proteger a funcionarios señalados por la CICIES o a los que aparezcan en la lista Engels, los diputados del presidente, de Nuevas Ideas, aprobaron la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19 llamada “Ley Alabí” que da un blindaje a los involucrados en actos de corrupción, legalizando la impunidad, confirmando la percepción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que la impunidad en El Salvador es “endémica”
A pesar de todas las promesas de campaña de que harían una gestión totalmente austera, los diputados del presidente no se bajaron los salarios, mantuvieron las prestaciones previas y se asignaron 14 mil dólares mensuales cada uno para la contratación de asesores, lo cual lleva implícito el despido masivo no sólo de asesores antiguos sino de todo tipo de personal que no les mereciera confianza, al margen de los meritos y experiencia ganada en años de servicio legislativo.
Los diputados del presidente mandaron al archivo varias iniciativas de beneficio popular entre ellas la ley general del derecho al agua, la cual por presión popular fue reabierta y ahora está en marcha un debate entre la ley inconsulta presentada por el gobierno y la ley presentada por pueblo.
De igual forma sin consular con el pueblo, los diputados le aprobaron al presidente la ley para legalizar el uso del Bitcoin, que además de funcionar como una potente cortina de humo, se proyecta como una nueva forma de realizar transacciones comerciales que según los expertos favorecerá a los millonarios pero perjudicará a los sectores medios y populares.
En nuestro horizonte visualizamos que una Asamblea Legislativa, dominada por diputados que fueron obligados a rendir juramento al presidente de la República, no obstante haber sido electa por una importante mayoría de votos, por la sumisión al ejecutivo, no garantiza una independencia para el ejercicio democrático del poder, en proyectos de beneficio popular.
