Este 28 de junio Keiko Fujimori presentó ante el actual presidente Francisco Sagasti un pedido para que la OEA realice una auditoría de la segunda vuelta electoral.
Si algo faltaba en la pataleta armada por la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ocurrió este lunes 28 de junio: presentó ante el actual presidente Francisco Sagasti un pedido para que la OEA realice una auditoría de la segunda vuelta electoral, en la cual Pedro Castillo, de la agrupación Perú Libre, sacó ventaja y está en espera de ser declarado oficialmente el nuevo gobernante de la nación andina.
Pareciera un ejercicio de pura ficción, pero lo real es que cuando han transcurrido tres semanas de los comicios, aún se espera por el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente con mandato para desentrañar, de una vez y por todas, la trama fujimorista.
Es una dramaturgia muy parecida a la intención de un golpe de Estado o para dilatar el anuncio de la victoria de Castillo más allá del 28 de julio, día en que debe realizarse la transición de mando, que de no efectuarse, asumiría la presidencia el presidente del Congreso o, quién sabe, hasta que se puedan convocar nuevas elecciones.
Incluso, cuando Keiko Fujimori ha pedido a última hora una auditoría de la oea, olvida que la citada institución regional, así como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), los EE. UU., la Unión Europea, los gobiernos de Reino Unido y Canadá, además de las misiones de observadores que supervisaron los comicios, han resaltado su transparencia y validez, según un despacho de Sputnik.
Para tener una idea más completa sobre la actuación del fujimorismo –muy similar a los reclamos de Donald Trump, cuando perdió las elecciones frente a Joe Biden–, vale recordar que Keiko Fujimori afronta una investigación fiscal, con pruebas sólidas y en estado avanzado, por lavado de activos en el caso Lava Jato, y por la cual se está pidiendo 30 años de cárcel en su contra, señala el propio despacho de la citada agencia.
En este sentido, se ha planteado por medios de prensa la posibilidad de que la aspirante Fujimori, de ser declarado Pedro Castillo como presidente, se refugie en una embajada en Lima, para pedir protección y declararse perseguida política del nuevo gobierno, buscando, de esa manera, librarse del proceso judicial en su contra.
Se trata de una larga y complicada trama, mientras la nación andina se desestabiliza y la mayoría de la población vive en la incertidumbre sin saber hasta cuándo se extenderá este culebrón de la peor factura.
Fuente: Granma.
