Funcionarios del gobierno Bukele primeros en lista de corruptos
Se espera que el Congreso de Estados Unidos imponga sanciones contra estas personas, incluyendo cancelación de visas americanas.
Los primeros nombres de la lista Engel ya fueron revelados y, como se esperaba, hay funcionarios del gobierno salvadoreño involucrados en esta enumeración de personas vinculadas a corrupción, así como personajes relacionados a violaciones de derechos humanos y golpes al Estado de derecho.
En el listado, preparado por el Ejecutivo de Estados Unidos y remitido al Congreso, hay funcionarios de la administración actual, así como de gestiones anteriores. Estos, según información proveniente de Washington, enfrentarán sanciones como cancelación de visas o medidas financieras.
Los funcionarios que Estados Unidos considera corruptos en El Salvador son:
Walter Araujo
Carolina Recinos
Pablo Anliker
Conan Castro
Rolando Castro
Osiris Luna
José Luis Merino
Ezequiel Milla
Enrique Rais
Carlos Reyes
Sigfrido Reyes
Rogelio Rivas
Adolfo Salume
Guillermo Wellman
La lista Engel
Esta lista es un requisito que el Ejecutivo de Estados Unidos adquirió con el Congreso de ese país para presentar esta lista de funcionarios vinculados a corrupción y violaciones a derechos humanos en el Triángulo Norte, la subregión que comprende a Honduras, Guatemala y El Salvador.
La obligación de presentar esta lista surgió en diciembre de 2020, a iniciativa del entonces congresista Eliot Engel.
Este legislador fue uno de los que constantemente emplazó a los gobiernos de Honduras, Guatemala o El Salvador cuando incurrieron en violaciones a derechos humanos, cuando atacaron a la prensa, amenazaron a la institucionalidad o cuando dieron golpes a la transparencia.
Si bien Engel se retiró el 20 de enero de 2021, su legado es la construcción de una lista que sirva para poder proceder a sancionar a estos personajes y prevenir futuros actos de corrupción.
La corrupción y las violaciones a los derechos humanos son dos de los pilares que la administración de Joe Biden ha identificado como factores que motivan y aceleran la migración irregular de centroamericanos hasta su territorio.
En su plan para el istmo, comúnmente llamado el Plan Biden, se prioriza el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. Esto, pues Estados Unidos asume que el desvío constante de recursos destinados a combatir las necesidades más imperantes de la población deja a los salvadoreños en mayor vulnerabilidad y sin mayores opciones que emprender un viaje inseguro a territorio estadounidense.
Además, se ha hecho énfasis en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento democrático en la región y Washington ha enviado dos mensajes contundentes: que trabajará no solo con gobiernos, sino con sociedad civil; y que no será aliado de quienes sigan involucrados en corrupción.
En consonancia con esta promesa, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) ya retiró la ayuda a la Policía Nacional Civil, quien ayudó a ejecutar el golpe al Estado de derecho el 1 de mayo, así como un recorte de fondos a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, instituciones que el oficialismo capturó ese día. Finalmente, cortaron cooperación al Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora tomado por el Ejecutivo y desnaturalizado.
Washington anunció que esos fondos serán redirigidos a organizaciones de sociedad civil que luchan contra la corrupción y en pro de la democracia.
No es un solo listado
Según funcionarios estadounidenses, esta lista se seguirá ampliando y los nombres se irán conociendo a medida las diferentes agencias del Ejecutivo remitan otros casos al Congreso.
Es probable que más nombres de salvadoreños se sumen al listado presentado por Estados Unidos. El gobierno de Nayib Bukele ha sido ampliamente señalado por tener indicios de corrupción, particularmente durante la primera etapa de la pandemia de COVID-19, cuando se elevó el gasto de emergencia en el país.
Asimismo, ha sido acusado de violar derechos humanos, como en el caso de las detenciones arbitrarias y fuera de la ley de presuntos violadores de la cuarentena domiciliar al inicio de la pandemia.
Finalmente, Estados Unidos ha emplazado constantemente al gobierno por sus ataques a la democracia y el Estado de derecho. Recientemente, funcionarios de la talla del Departamento de Estado o la misma vicepresidenta Kamala Harris emplazaron al gobierno por remover ilegalmente a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
