Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra.
Con su implementación, la Ley Bitcoin amenaza crear un gueto: el aislamiento financiero del país, con su consecuente contracción económica y aislamiento comercial, del resto de países globalizados que, en libertad, sostiene su sistema político y económico, basado en el desarrollo sostenible: lamentablemente, nosotros, nos alejamos de dichos sistemas, acercándonos más, a la pobreza y marginación internacional.
La Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, sugiere que El Salvador debe regular y limitar el uso del Bitcoin, para que no sea de uso de “actores malignos”, es por el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado: narcotráfico, terrorismo y otras formas de delincuencia transnacional.
En una economía, al integrar la criptomoneda y el dólar, se relaciona lo no regulado con lo estrictamente regulado. La regulación se debe a la necesidad de un Estado, de administrar su economía y, evitar el lavado de dinero del crimen organizado y del terrorismo. Con la integración de la Ley Bitcoin, se crea una puerta, por la cual puédense legitimar las utilidades del crimen y, volver inrastreables las fuentes de financiamiento del terrorismo. En este punto hay que tener claro que el dólar, no es moneda nuestra, pero la adoptamos por su estabilidad.
El Bitcoin, es la criptomoneda más utilizada para las actividades delictivas: en los dos últimos meses, las defraudaciones más grandes en el mundo, se han hecho en Bitcoin: Sudáfrica y Turquía. El mayor ciberataque que ha sufrido Estados Unidos, se ha pagado también en Bitcoin y, aunque mucho de ese dinero, ha podido ser rastreado y recuperado, representa un activo muy utilizado por el terrorismo (sólo el año pasado se han detectado $ 1000 millones en Bitcoin, transferidos por dichas fuerzas, para su financiamiento.
La primera pregunta es: si el Bitcoin es moneda de curso legal y nuestro país, se convierte en el nuevo paraíso fiscal para el lavado de dinero y, los bancos son sancionados, si sirven para transferir dólares “lavados”, seguramente habrá consecuencias y restricciones que sufriremos todos.
La segunda pregunta es: Si El Salvador, se desprende de los dólares físicos por Bitcoin o dólar electrónico (sintético), ¿con qué adquiriremos nuestras importaciones? Si cada vez se acepta menos el Bitcoin en el extranjero. ¿Qué pretende el Gobierno?
Las importaciones del Gobierno, para repartir alimentos con fines políticos, crea una sobreoferta de granos básicos, desestimulando la producción nacional, resulta más cara la producción, que el valor del producto, como lo estamos comprobando con el arroz, frijol y maíz.
En caso de ser aprobada la Ley del Agua, tal como se ha presentado, será un desincentivo para la producción de leche y carne. Entonces, si el sistema bancario sufre las consecuencias del Bitcoin y, quedamos en un gueto económico, en la medida que fuésemos autosuficientes, la crisis sería menos violenta, pero si se destruyese el agro, para depender de las importaciones, la crisis será potenciada.
El Gobierno procura distraer las crisis, en la medida que éstas van aumentando, pero la distracción crea una crisis mayor. La corrupción, ya señalada por Estados Unidos, porque afecta la estabilidad del Triángulo Norte y la de la frontera sur de aquel país, ha procurado el Presidente Bukele, cubrirla con el anuncio de un incremento del salario mínimo, que inevitablemente, obligará a muchos despidos, pues la oferta de “subsidio” a la mediana y la pequeña empresa, es imposible de ser satisfecha, sin más deuda o confiscación y, golpeará más al agro.
En consecuencia, de todo lo explicado, el Gobierno nos está llevando a una catástrofe y solo la reacción conjunta de la sociedad civil, puede evitarla.
