Por Gonzalo Becerra
La reciente declaración de culpable contra el acusado Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres representa un bálsamo para la justicia en Honduras, en la opinión de la diputada Marcela Zúñiga, hija de la víctima.
«Para Copinh (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fundado por Cáceres en 1993) y la familia constituye una gran victoria, un poco triste, pero a la vez sentimos la satisfacción de haberle cumplido a Berta, llegar vivos hasta este momento y saber que por primera vez en la historia la justicia (hondureña) ha caído con fuerza sobre grupos de gran poder económico», dijo Zúñiga en entrevista con Sputnik.
«Un bálsamo de esperanza, un destello de justicia para Berta y un descanso hasta cierto punto, pues el desgaste emocional, político, físico, psicológico que hemos tenido ha sido muy duro, al extremo de querer irnos de este país», dijo Zúñiga luego de que en la mañana del 5 de julio la Sala Primera del Tribunal de Sentencia declaró culpable al ex militar hondureño.
Además, expuso que la «nacodictadura» del presidente Juan Orlando Hernández intenta presentar el fallo judicial como un logro del gobierno por mediación del Poder Judicial, cuando en realidad se debió a la presión internacional, a la lucha del Copinh y su familia.
«De lo contrario Berta (Cáceres) sería una estadística más (en la contabilidad de la impunidad) y se hubiera impuesto cualquier mentira en torno a su asesinato (el 2 de marzo de 2016), sentenció la diputada.
POR LOS ATALA
«Habrá justicia para Berta cuando se llegue a los Atala Zablach», comentó Zúñiga en referencia a ese clan hondureño, considerado entre los primeros grupos de poder económico del país.
De esa familia son los principales accionistas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a la cual el gobierno hondureño le adjudicó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que ENTRE 2013 Y 2016 se enfrentó la ambientalista Cáceres en defensa del pueblo indígena lenca, para el cual el río Gualcarque (sobre el cual se construiría la represa) es sagrado y vital para su subsistencia.
Que la justicia toque a Jacobo, Pedro, José Daniel y Eduardo Atala, sería un hilo conductor hacia la apertura de las puertas para lograr verdadera justicia en el caso, estimó.
«Nosotros sospechamos que el Ministerio Público ya tiene avanzadas algunas investigaciones respecto a los hermanos Atala Zablach, y podemos creer que en los próximos meses o semanas puedan haber requerimientos fiscales en contra de ellos. Esperamos que así sean y no pasen otros cinco años para que las justicia llegue hasta ellos», auguró.
«Para entonces nos enfrentaremos a los meros meros tiburones, como decimos en Honduras, eso conllevará a un proceso de varios años y no vamos a negar que tenemos miedo. (…) decidimos regresar y quedarnos en este país, porque si nos hubiéramos ido al exilio qué sentido tendría, nadie estuviera luchado acá por la justicia para nuestra madre».
«Ahora siguen los Atala, lo decimos así categóricamente (…) podemos sentar un precedente y que por primera vez en la historia de Honduras esos grupos de poder económico que nunca han entrado a una cárcel, (…) llenas de pobres y de sicarios pagados por matar a sus propios hermanos».
CASTILLO, EL MANDADERO
Roberto David Castillo fungía como gerente de la empresa DESA en el momento del femicidio, y el proceso judicial trascurrido entre el 6 de abril y 5 de julio probó su papel de enlace directo entre los ejecutores (sicarios) del crimen y los principales interesados en la desaparición de la ganadora del Premio Internacional Goldman (2015) a los defensores del medio ambiente, los Atala Zablach, expuso Zúñiga.
«Roberto David Castillo como decimos en Honduras era el mandadero de este grupo de accionistas de DESA, entonces era la persona que preparó toda la logística, el operativo, la estrategia comunicacional», detalló la legisladora por el Partido Libertad y refundación (Libre, izquierda).
«Quiero decir que el elemento determinante en el juicio, el medio probatorio, fue el conjunto de intervenciones telefónicas presentadas por la perito Brenda Barahona, del Ministerio Publico, en las que se comprobó el vínculo de Castillo con los sicarios, los autores materiales, en este caso Douglas Bustillo (exjefe de seguridad de DESA), antes, durante y después del asesinato».
Zúñiga recordó el historial del ingeniero Castillo, egresado de la academia militar estadounidense de West Point, oficial del departamento de Inteligencia y Contrainteligencia hondureño, quien estuvo vinculado con actos de corrupción, incluso con estructuras del narcotráfico, como la internacionalmente conocida banda criminal de Los Cachiros.
El coautor del asesinato contó durante el proceso judicial con la protección de grupos nacionales de poder económico, él mismo agradeció al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y a la Asociación Hondureña de Energía Renovable por financiar a sus consultores y apoderados legales, denunció.
CAMPAÑAS DIFAMATORIAS
La diputada Marcela Zúñiga recriminó la actuación del ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco (en el cargo desde 2015), quien primeramente incumplió con la ejecución de las medidas cautelares otorgadas a Cáceres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Después del asesinato intentaron implantar una matriz mediática que achacaba al crimen a un motivo pasional, así lo manifestó literalmente el ministro Pacheco Tinoco», recordó.
Por su parte DESA, a través de su estructura mediática, defendió la tesis de que la causa del asesinato estaba relacionada con un pleito de poder interno en el Copinh por el otorgamiento del Premio Goldman a la víctima.
ADVERTENCIA Y MENSAJE
«Esto que está pasando es una advertencia para estos grupos de empresarios que nos están imponiendo las Zonas de Estratégicas de Desarrollo y Empleo (ZEDEs), un sistema de corporación-nación que el neoliberalismo en su estado más salvaje impone en contra de los pueblos indígenas, despojándolos de sus territorios», resumió la situación derivada del juicio contra Castillo.
Para Zúñiga se trata de un mensaje importante, revelador de que «cuando un pueblo se organiza y decide que la verdad va a prevalecer la justicia cae por su propio peso».
«Estamos seguros de que el pueblo hondureño le va a hacer justicia a Berta Cáceres y a todos los mártires asesinados por esta narcodictadura financiada por las élites oligárquicas y fácticas, de las cuales es una comparsa», concluyó la legisladora de Libre. (Sputnik)
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Fuente: SPUTNIK
