Por: Mauricio Mejía.
La historia política de El Salvador registra que el ejercicio democrático del poder, es una práctica política desconocida y que cuando un gobernante ha intentado ejercer su mandato de forma democrática, o aplicar alguna medida de gobierno popular, es un mal ejemplo que no se puede permitir en el país, por lo que las familias económicamente poderosas que históricamente han controlado el Estado para su beneficio, lo asesinan, como sucedió en febrero de 1913, con el médico Dr. Manuel Enrique Araujo o lo destituyen por medio de golpe de Estado, como el que depuso al Ingeniero Arturo Araujo, en diciembre de 1931.
Muy distinto sería el país si los intentos de democratización de estos profesionales se hubiesen desarrollado libres de la intolerancia política; de seguro que menos sangre de miles de campesinos, obreros, profesores, pastores, sacerdotes, estudiantes, mujeres, niños, militares y académicos se hubiese derramado y quizás seríamos un pueblo totalmente letrado y alfabetizado políticamente.
Llorar sobre la leche derramada, es irrelevante, lo procedente es que los hechos de intolerancia política ejercidos desde el poder, que han sido y son fuente de confrontación y conflictos sociales, sirvan de lección para no repetir la historia de confrontación fratricida del pasado, que aún mantiene heridas abiertas, que claman por una justicia transicional y restaurativa que contribuya a sanarlas de forma completa y permanente.
Los fraudes electorales y la persecución de la oposición política, en su defensa el pueblo optó por la guerra popular revolucionaria; de sus experiencias y heroicas conquistas, aprendimos que era posible disputar y alcanzar el poder por medio de elecciones libres, creíbles, competitivas; confiables para los contendientes y con resultados verificables; así desde las elecciones de 1984, la democracia electoral tuvo su oportunidad, la alternancia en el poder público fue una realidad y sin temor a equivocarnos los 30 procesos electorales realizados entre 1992 y el 2019, produjeron gobernantes nacionales, locales y legisladores, electos de forma democrática.
Entonces por qué, no vemos el progreso y la riqueza distribuida de forma justa; por qué tantos desaparecidos; por qué el foso de Chalchuapa; por qué la lista Engel. La respuesta la encontramos en el hecho de que a estos gobernantes electos democráticamente, les ha hecho falta madurez para ejercer democráticamente el poder que el pueblo les delegó y a cambio incumplen promesas de campaña, apelando a su popularidad caen en autoritarismos y engañosos populismos, desacreditan los controles institucionales de rendición de cuentas, los cuales consideran obstáculos y por ello conviven impunemente con la corrupción, impidiendo que se supere la calidad de la democracia, la cual tiende a un estancamiento o a una regresión.
En nuestro horizonte visualizamos hechos de intolerancia política en la orden judicial para que la Revista Factum, retirase un artículo que incomodaba al gobierno; en la orden del ejecutivo de expulsar del país a un periodista mejicano del periódico digital El Faro; de igual forma la agresión física de un oficial de la PNC a un periodista de El Diario de Hoy; y si esta agresión queda impune, ahora fue un puñetazo policial, mañana será un disparo de arma de fuego; porque la intolerancia crece en espiral, en una escalada que corrompe el ejercicio democrático del poder que culmina en un escenario de violencia política en el que el pueblo ante la agresión institucionalizada del poder represor, construye un contrapoder en defensa del interés popular. Así lo confirma la historia política de El Salvador, estamos a tiempo de validar la democracia salvadoreña, no repitamos los errores del pasado.
