Con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública( LAIP), el Gobierno busca contribuir a la opacidad y al deterioro de la institución, señala Marjorie de Trigueros, directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES e integrante del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según Trigueros, las reformas buscan deteriorar aún más el derecho de los salvadoreños al acceso a la información pública y a la contraloría social.
Las reformas solicitadas por el Ejecutivo son: la posibilidad de clasificar la información oficiosa como reservada; incluir como información reservada las declaraciones patrimoniales de probidad; la eliminación del requisito de elegir ternas de comisionados; extensión de plazos para las respuestas de las solicitudes de información, que pase de 10 días hábiles a 20 días; además de otorgar más facultades al presidente del Instituto, pese a que la institución es un ente colegiado.
A criterio de Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con la llegada del nuevo Gobierno, El Salvador sigue retrocediendo en temas de transparencia y combate a la corrupción.
Según especialistas, el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública comenzó con el nombramiento irregular de comisionados afines al Gobierno de turno.
Posteriormente el presidente reformó el reglamento de la LAIP, con disposiciones que “debilitan u obstaculizan” el acceso de los salvadoreños a la documentación oficial del Gobierno.
El derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por diversos instrumentos internacionales: La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Declaración Americana de Derechos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
