Una sociedad que funciona bajo los principios y valores democráticos requiere de un Gobierno abierto, dispuesto a rendir cuentas de sus decisiones y acciones, pues el acceso a la información de la gestión pública es tanto un derecho como un medio para conocer cómo se administra el Estado. En este sentido, el acceso a la información pública divide a los Gobiernos en dos: aquellos que han implementado mecanismos para que los ciudadanos tengan libre acceso a dicha información y aquellos que la mantienen en reserva. Son las sociedades más democráticas las que se encuentran en el primer grupo y las más autoritarias y con menos derechos las que están en el segundo. Estos gobiernos cerrados, opacos en su quehacer, buscan tener control férreo sobre la población, invierten en servicios de inteligencia para lograrlo y abundan en corruptelas.
La sociedad civil, esa a la que tanto denigra el presidente Nayib Bukele, después de tres años de intenso trabajo y cabildeo logró en el año 2011, para alegría de quienes creen en la democracia, la aprobación en la Asamblea Legislativa de la ley de Acceso a la Información Pública. Muy poco después se vieron los resultados: gracias a ella, salieron a la luz diversos casos de corrupción y los funcionarios quedaron expuestos al escrutinio ciudadano. Los Gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sanchez Cerén adversaron la Ley e intentaron limitar la información a disposición de la ciudadanía. El de Bukele no se ha diferenciado de ellos; más bien, los imita y supera: ha logrado reducir los alcances de la Ley y anular el papel contralor que tenía el Instituto de Acceso a la Información Pública.
¿Por qué el Gobierno de Bukele está tan interesado en acabar con la poca transparencia que había en el país? ¿Por qué aquel que ha afirmado querer un país sin corrupción está desmontando uno de los mejores instrumentos para luchar contra el flagelo? ¿Por qué el mandatario busca con tanto empeño mantener la opacidad de los asunto públicos y evitar que la población conozca las interioridades del quehacer gubernamental? Estas preguntas tienen una única respuesta: porque, al igual que en Gobiernos anteriores, se está asignando contratos evadiendo la ley a grupos empresariales afines, se está malversando fondos públicos y se está comprando voluntades con dineros del Estado. La razón de la apuesta por la opacidad y por la destrucción de los mecanismos de control no puede ser otra que esconder una estructura corrupta y corruptora. Sería absurdo que un Gobierno en verdad honesto y eficaz no quiera mostrar con claridad sus cuentas, de forma que se evidencie su rectitud.
Por lo anterior, la persecución a las tropelías de Gobiernos anteriores emprendida por Bukele es más un acto populista de venganza que la expresión de un genuino compromiso de luchar contra la corrupción. Si existiese ese compromiso, el mandatario tendría que investigar también los actos de malversación, peculado y cohecho , entre otros, que se sospecha se están dando en su administración. Ninguna persona honrada y honesta teme a la transparencia y a la rendición de cuentas; al contrario, la favorece y promueve.
EDITORIAL UCA.
