Díaz atrás el ejecutivo anuncio al país el inicio de un proyecto para resolver de una vez por todas, el tema de la seguridad pública, duplicando el número de efectivos militares.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Explicaba que el ejército fue recibido por la presente administración con un número de efectivos que ronda los 15, 000, y que la meta propuesta es alcanzar los 30, 000 efectivos en activo para así poder hacer frente al fenómeno de las pandillas.
Argumenta que tal logro en esta administración no solo nos brindara la ansiada seguridad aspirada por todos, pero además generará un número sin precedentes de puestos de trabajos directos e indirectos que palee la informalidad imperante actualmente.
Existen sin embargo varios peros legales para su proyecto, el primero y más obvio, ¿cómo se financiará semejante empresa?, ¿Qué obligaciones constitucionales se recortarán para financiarlo, salud pública o educación?; es decir; además de aperos, instrucción y equipamiento, los elementos que se sumen a las FA también requerirán alimentos, atención en salud, espacios de connivencia, infraestructura, logística, etcétera, lo que debemos oponer a la consideración del estado de nuestra economía, la que aún no se recupera de la última guerra, en la que el estamento militar no demostrara ninguna excepcionalidad pues fue de manera permanente superada por una fuerza oponente de carácter irregular, muy inferior numéricamente, pero vastamente superior en términos tácticos, lo que fuera crudamente evidente en el último gran esfuerzo de la guerra: la ofensiva del ‘89.
Tampoco el estamento militar demostró en aquella campaña ningún compromiso con la República y sí por el contrario con su determinación a sobrevivir a cualquier costo, violentando para el caso el marco jurídico, pues de entonces al presente se transformó en la garante de la impunidad reinante en nuestra sociedad, resguardando celosamente toda información concerniente a las violaciones masivas de derechos humanos que cometiera durante el conflicto ( responsable de 97% de las violaciones a derechos humanos en contra de la población civil salvadoreña – Informe de la Comisión de la Verdad/UN ), lo que se corresponde aún con la doctrina del OAS, con la que se formaran las FA latinoamericanas por parte de los EU, luego de la implementación del Plan Cóndor, y con el fin exprofeso de impedir cualquier atisbo de progresismo político a través del terror que se implementara entonces, y que esta visto se encuentra en disposición de volver a implementar [ 9 de febrero de 2020 ].
Finalmente se encuentra el nada despreciable tema jurídico, que implica constitucionalmente el que la seguridad pública es una responsabilidad concreta de la FGR y su auxiliar la PNC, cuyo componente esencial lo constituye su naturaleza civil y en razón de la triste herencia que pareciera los salvadoreños hemos olvidado de la época en la que los militares se apropiaron del poder político mediante el uso de la fuerza.
Entonces, visto que legalmente el proyecto presidencial es inválido constitucionalmente, como económicamente inviable, cabe preguntar: ¿para quién será realmente la seguridad que el ejecutivo comprará con 15, 000 efectivos militares más?
*Educador salvadoreño
