De bonos basura (BB-), han sido clasificados los bonos salvadoreños: resultado de las políticas fiscales incorrectas del Gobierno y, de la inestabilidad que éste provoca, con sus acciones: existe relación directamente proporcional, entre el riesgo-tasa de interés, con las medidas políticas tomadas por el Gobierno. Es necesario, poder ver sus efectos, en la vida común de los ciudadanos.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El bono basura o “high yield” en inglés, se caracteriza porque presenta un elevado riesgo de impago, tanto del capital como de los intereses, aunque para compensarlo, ofrecen una rentabilidad elevada, superando la media internacional, para ese segmento crediticio. En un país que necesita para sostener su economía, de financiamiento y, que pretende mantener un asistencialismo, sin límites claros, presenta un panorama fiscal insostenible.
Esto quiere decir, que el valor del asistencialismo del Estado, será mucho mayor, que el que pudiera generar la estabilidad del sistema democrático, sin que pueda ser pagado a futuro, salvo con confiscaciones. Una nueva Constitución, podría facilitar tal situación.
La falta de claros lineamientos económicos y de una política fiscal que permita salir de la crisis de iliquidez, ya existente, agrava la situación crediticia y la inestabilidad política que el Gobierno genera intencionalmente.
La exhibición pública e infamante de los reos acusados de corrupción, contribuye al alza de riesgo, pues prueba que el sistema jurídico, está al servicio de la propaganda del Estado y que, las resoluciones a futuro, dependerán del interés político del Presidente y no, del imperio de la Ley.
El señalamiento de que la justicia se está politizando, no abona a la estabilidad nacional y viniendo esto, de diferentes Gobiernos, debería indicar que la política salvadoreña, debe retornar al Estado de Derecho; lejos de esto, la persecución política se agudiza, lo que agrava la situación de riesgo, pues específicamente, se enfoca en grupos políticos y sectores gremiales empresariales.
El anuncio del Sr. Fiscal de que procesará a más de 54 personas, por casos de corrupción sin investigar la existente ya denunciada, en el presente Gobierno, no garantiza imparcialidad en la aplicación de la Ley, lo cual aleja cualquier inversión nacional o extranjera.
La relación entre la calificación de riesgo y la política, es directamente proporcional, pero sus efectos, no son inmediatos, sino en el correr de los meses, por esa razón, no son sentidos en una relación directa: por ejemplo, la inflación en los precios.
La Ley Bitcoin, entra en vigencia el 7 de septiembre y aún, no se han desarrollado los reglamentos e instructivos para su aplicación, lo cual genera incertidumbre sobre su uso, y al tener un impacto económico negativo, se agrega un mayor riesgo.
El impago a proveedores, reconocido por el Ministro de Hacienda, crea un apalancamiento (financiamiento de particulares al Estado) que, de no pagarse, equivaldría a una forma de confiscación de hecho, lo que no abona a la estabilidad nacional, sino a la mala calificación que recibe El Salvador, limitando la oferta de financiamiento. La inflación, causada por la inestabilidad generada por el Gobierno, es agravada por las medidas que él mismo genera, para “encubrirlas políticamente”: alza en el salario mínimo y juicios públicos, desde la Asamblea Legislativa.
Sólo el retorno al Estado de Derecho y, la rendición de cuentas, sobre los gastos públicos del presente Gobierno, pueden revertir los efectos negativos, si se aplica la política de austeridad en la utilización de fondos públicos.
En 1939, en el Salón Azul se pone una placa que dice; “Propongo ante la faz de la Nación, la no contratación de nuevos empréstitos”. Actualmente, debería el país actuar de conformidad con tal sabia propuesta.
