En diálogo con Sputnik, Wilfredo Chávez, procurador general del Estado boliviano adelantó que se denunciará al actual secretario de la OEA por sus continuas injerencias en la política interna del país, la última cometida días atrás. También analizó el caso de Arturo Murillo en EEUU.
El procurador general del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, es el encargado de defender los intereses del país. Desde que asumió en noviembre de 2020, con el retorno de la democracia, está abocado a recuperar algunos millones de dólares que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) envió en calidad de soborno a Estados Unidos. Por este caso está detenido en ese país el exministro golpista Arturo Murillo.
En diálogo con Sputnik, Chávez cuestionó el rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el golpe de Estado de noviembre de 2019. Aseguró que se intentará que el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, sea juzgado por su función «criminal» en el ámbito de las Naciones Unidas, o en la justicia boliviana.
«La justicia en alguno de sus niveles debe investigar la participación en el golpe de Estado del señor Almagro, que efectivamente tiene ribetes criminales. Pero habría que ver con cuidado cuál es el fuero que debería juzgar a este señor», afirmó el procurador, dada la investidura del secretario general.
Días atrás, la OEA emitió un comunicado para desvirtuar la investigación de la Universidad de Salamanca, España, según la cual no hubo fraude.
Para Chávez, el reciente comunicado de la OEA «solamente corrobora la participación directa de Almagro con los grupos que han conspirado contra del país para derrocar a un Gobierno constitucional. Ha provocado ese efecto al dar un informe tan intencionado, en contra de las autoridades que en ese momento ejercían el poder, legítimamente elegidas por voto del pueblo», sostuvo Chávez.
En su cuenta de Twitter, el expresidente Morales destacó la «actitud criminal y antidemocrática» de Almagro al pretender desestabilizar nuevamente al país. Por su parte, la Cancillería de Bolivia repudió la evidente «injerencia» de la OEA en la vida política del Estado Plurinacional.
El informe del grupo de especialistas
Según Chávez, la justicia boliviana no tomará tan en cuenta el informe de la OEA sobre las elecciones de 2019. Más relevancia jurídica tiene el documento exhaustivo elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que también depende de la OEA.
«Estamos esperando los resultados públicos del informe del GIEI, que ha investigado lo ocurrido en ese periodo del fin del año 2019. El documento está en este momento en análisis del Gobierno, por lo cual aún no se puede comentar mucho sobre el fondo», indicó el procurador.
«Estamos seguros de que ese informe va a dar luces realmente grandes para ver lo que efectivamente ha ocurrido. Así se caerían las tesis de los señores Almagro y otros más, quienes indicaban que acá hubo una transición y etcétera», agregó Chávez.
Con el informe disponible, se podrá avanzar en más investigaciones a las personas implicadas. En el caso de Almagro, el procurador evaluó que se lo podría denunciar «en una instancia que no sea la OEA. Tal vez acudamos a la misma ONU (Organización de las Naciones Unidas) o a otras instancias internacionales».
Para Chávez, «hay injerencia efectivamente de parte de este señor (Almagro) que al final no tiene ninguna moral para hablar. Ahora simplemente quiere lavarse la cara».
En julio pasado, el Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación para conocer el rol de la OEA durante el golpe de 2019. Sumado a ello, los gobiernos de México, Argentina y Bolivia se mostraron a favor de fundar un organismo internacional similar al dirigido por Almagro, salvo que «no sea lacayo», como definió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
«El país ha tenido un año de tolerancia para que demuestren el famoso fraude que nunca han demostrado. No sabemos qué actas fueron manipuladas, ni a qué porcentaje de la votación habría afectado el supuesto fraude, ni nada. Por eso el informe de la OEA está absolutamente parcializado», afirmó el procurador.
Según Chávez, el cuestionado informe no fue elaborado correctamente: «En su momento, Bolivia había pactado con la OEA que haría una auditoría electoral. Pero hemos demostrado que no ha existido ninguna auditoría en el país».
En este sentido, destacó que hubo «un informe parcializado, abocado al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que no tenía ninguna vinculación con los resultados oficiales que alista el Tribunal Electoral».
El caso Murillo
En septiembre de 2020, el ministro de facto del Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, se tomaba fotos a los abrazos con Almagro en la sede de la OEA, en Washington.
En mayo pasado, el encargado de la represión del régimen de facto fue detenido en ese mismo país, por su participación en una millonaria cadena de sobornos y lavado de dinero. Durante el Gobierno de Áñez, había sido enviado con 5,6 millones de dólares del Estado boliviano para comprar materiales antidisturbios, que se utilizarían en las protestas de la población contra la dictadura.
Por este caso, el Estado boliviano pretende recuperar 2,3 millones de dólares que habría malversado Murillo. Además, buscará que el exministro pague un resarcimiento también millonario.
Chávez vio por Zoom la audiencia realizada en la Corte de Miami, donde está preso Murillo, el 9 de agosto pasado. Luego de que los jueces leyeran algunos antecedentes del caso, se le impuso una fianza de 250.000 dólares para que pueda defenderse en libertad.
La próxima audiencia de Murillo será el 8 y 9 de septiembre. En esas fechas «podría haber un acuerdo. Si lo hay, Murillo se declarará culpable seguramente y se le pondrá una pena conforme al acuerdo que tenga. Pero si no lo hay, se pasaría a la etapa del juicio, y se avanzaría en todas las diligencias respectivas para ello», dijo el procurador.
«Son las posibilidades legales que nos da el procedimiento de ese país al que tenemos que someternos. Pero sabemos que va a haber una condena. Son gravísimos los delitos cometidos, de orden federal, por este clan de corrupción internacional que encabezaba Murillo», afirmó.
Según la última declaración jurada del exministro, de 2020, su patrimonio ascendía a 1,8 millones de dólares. Pero actualmente no logra abonar los 250.000 dólares de su fianza.
Murillo «tiene que demostrar la licitud del dinero que deposite en garantía. Hasta ayer en las últimas horas no teníamos ningún dato sobre el depósito», comentó Chávez.
Además del proceso que le sigue el pueblo de Estados Unidos, el Gobierno boliviano le inició una demanda civil a Murillo y sus cómplices en Miami, Florida. «La demanda ha sido admitida. Esta semana se están enviando las notificaciones a los demandados, quienes tendrán 20 días corridos para contestar».
Con este proceso, Bolivia «busca recuperar 2,3 millones de dólares. Adicionalmente, buscamos calificar los daños y perjuicios altísimos ocasionados a nuestro país por estos delitos, dado el daño que sufrió el Estado en tiempos de pandemia», explicó el procurador.
Cuando Murillo regrese a Bolivia, le esperan varios casos abiertos: «uno por la forma en que internamente ha procedido para lograr ese contrato que finalmente le dio ese beneficio ilícito del sobreprecio», comentó Chávez.
«Hay otros casos más graves, como las masacres que se han cometido en el país. Debe responder este señor, porque él era la cabeza visible del aparato represivo del Gobierno de facto que hemos soportado los bolivianos durante casi un año», dijo el procurador.
Y recordó que «este señor (Murillo) era el que más agredía, más perseguía, más amenazaba. Como resultado, huyó del país. Luego nos hemos enterado de que era una de las cabezas en los hechos de corrupción del Gobierno de facto que hemos soportado».
El Gobierno de Arce se siente seguro al tener a Chávez como defensor de los intereses del Estado boliviano. La capacidad de este abogado ya fue demostrada durante los gobiernos de Morales, en los cuales se desempeñó como viceministro de Justicia y Derechos Humanos (2007-2009), viceministro de Coordinación Gubernamental (2009-2011), ministro de Gobierno (2011-2012) y viceministro de Seguridad Ciudadana (2018-2019).
Fuente: www.abi.bo
