Las contradicciones políticas entre lo que se dice y lo que se hace es imperativo ponerlas al descubierto cuando se dan en el ámbito de la legalidad o de la ética democrática. Hacerlo ayuda a desnudar la falsedad del discurso sobre realidades o problemáticas que merecen un abordaje serio, responsable. Y esta tarea cobra más urgencia hoy que muchos funcionarios del Gobierno tienen más interés en reformar la Constitución de la República que en cumplirla. Desde hace 38 años, todo salvadoreño tiene derecho a indemnización por retardo judicial. Pero como no existe la ley secundaria que estipule los montos, el derecho constitucional queda anulado. En otras palabras, aunque en el papel dicho derecho existe, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa, ni los jueces han buscado hacerlo realidad. E igual sucede con los derechos a la justicia social y al bienestar económico, reconocidos en el primer artículo de la Constitución.
El derecho a la presunción de inocencia se vulnera y viola cuando se exhibe a los detenidos y se les trata como culpables antes de ser vencidos en juicio. Además, encarcelarlos hasta que termina el proceso judicial es la norma, pese a que más de un 50% de ellos es finalmente sobreseído o absuelto. La violación de la Constitución es común incluso en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco el Ejecutivo y los diputados tienen reparos en violarla, como quedó de manifiesto en la destitución de la anterior Sala de lo Constitucional. Esta realidad cotidiana debe tenerse en cuenta a la hora de abordar las más de 200 modificaciones constitucionales propuestas por el equipo del vicepresidente de la República. Una de las cosas destacables es que las reformas dejan fuera necesidades urgentes y claras. Por ejemplo, no se elimina el mandato de que la Fiscalía persiga los delitos que se dan en del país y también defienda al Estado en instancias internacionales cuando se le acusa de cometer crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
Por otra parte, que las 200 reformas hayan sido formuladas por un reducido grupo es poco democrático, además de irresponsable. Máxime cuando algunos de los miembros de ese grupo han legitimado, por acción u omisión, violaciones de derechos constitucionales. Si a eso se añade el hecho de que la Asamblea Legislativa se limita a cumplir los deseos del Ejecutivo, es muy alta la probabilidad de que el asunto acabe en un adefesio constitucional. Por desgracia, la Constitución nunca ha sido tomada en serio por la mayor parte de la clase política, los jueces y los profesionales del derecho. Y ello explica que muchos ciudadanos hayan perdido el respeto a la Carta Magna, nuestro máximo texto legal de convivencia.
La prioridad en todo país democrático debe ser siempre el cumplimiento de la Constitución. Las reformas propuestas pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero que las mismas personas que permanecen indiferentes ante violaciones sistemáticas a la Constitución elaboren, a base de amontonar reformas, una nueva Constitución solo desacredita nuestra democracia, por mucho que planteen el reconocimiento de algunos derechos. Mientras primen las felicitaciones por unas reformas que carecen de autoridad moral, continuará imperando la cultura de impunidad e irresponsabilidad constitucional, apoyada en la ley del más fuerte.
EDITORIAL UCA.
