El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, declaró que en el país existe separación de poderes y que la Asamblea Legislativa actúa en forma independiente del Ejecutivo.
Consultado sobre si el oficialismo va a revertir lo actuado el 1o. de mayo (cuando la mayoría parlamentaria de Nuevas Ideas y sus aliados destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal general), Ulloa respondió que eso “fue una decisión soberana de la Asamblea Legislativa”.
“Hay separación de poderes, no puedo yo, desde el Ejecutivo, decirle a la Asamblea qué es lo que va a hacer”, dijo el vicepresidente.
Tal declaración no corresponde a la realidad política del país, pues es innegable que el oficialismo controla todo el aparato estatal y la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General responden a los delirios autoritarios del presidente Nayib Bukele; y que, por tanto, no existe independencia de poderes ni los pesos y contrapesos necesarios en todo régimen democrático.
La principal prueba de que el golpe institucional del 1o. de mayo fue orquestado desde Casa Presidencial es que el propio Bukele asumió la defensa de lo actuado por la “bancada cyan” y compañía. El mandatario, incluso, convocó a una reunión del cuerpo diplomático para justificar el condenable atropello a la democracia y después la difundió en cadena nacional de medios sin tener el aval de los embajadores.
Las declaraciones del vicepresidente suceden en pleno debate sobre las propuestas de reformas a la Constitución que el Ejecutivo llevará a la Asamblea en septiembre próximo, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia.
En medio de esta discusión, Ulloa también ha llamado “soberbias”, “intolerantes”, “prepotentes” y “carentes de espíritu democrático” a las organizaciones que cuestionan las reformas. Dicha afirmación está cargada de ironía y cinismo, pues es precisamente el Ejecutivo el que ha actuado en forma soberbia, prepotente y antidemocrática. Es el gobierno quien ha descalificado, estigmatizado y difundido discursos de odio contra las organizaciones, y no al revés.
Las organizaciones cuestionan la elaboración inconsulta de las propuestas y el posible propósito de perpetuar al “clan Bukele” en el gobierno; y exigen como una condición para debatirlas que el oficialismo revierta lo actuado por la Asamblea el 1o de mayo.
Ulloa fue un “miembro de la sociedad civil” que defendía la institucionalidad y la democracia; pero hoy como vicepresidente ha avalado el atentado presidencial contra el Parlamento el 9 de febrero de 2020, el golpe legislativo contra el Órgano Judicial el 1o de mayo de 2021, el desmantelamiento del acceso a la información pública, la instrumentalización política de la Fuerza Armada y demás abusos presidenciales que constituyen graves retrocesos democráticos el país.
