Que el presidente de la República haya decidido pasar las vacaciones agostinas en una exclusiva isla de España no debería ser motivo de extrañeza ni tiene por qué ser tema de interés nacional. Lo que esa realidad confirma es algo ya conocido, que el presidente, aunque tenga mucha popularidad, no es una persona popular, no comparte gustos ni el estilo de vida de la mayoría de la población. A nivel ético, la noticia solo reafirma la tremenda desigualdad e indiferencia de quien disfruta de sus privilegios de clase, mientras la mayoría apenas alcanza para irla pasando. Aunque la gente exprese sentirse cercana al presidente, en realidad, el mandatario está más lejos de lo que la gente piensa. Quizá el único punto de interés nacional sobre este tema debería ser si el dinero con que se sufragan los gastos de toda la comitiva proviene de fondos públicos. Y aunque muy probablemente este sea el caso, esa información está vedada en el presente gobierno. La sociedad salvadoreña no es digna de saber en qué gasta el dinero esta administración y por qué no le alcanza, a juzgar por la inédita cantidad de préstamos aprobados. El presidente no tiene que rendir cuentas a nadie ni pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera y para salir para donde quiera.
Pero están sucediendo cosas más importantes en el país y de mucha más trascendencia. Los cambios que se están propiciando son vertiginosos, algunos de ellos en los campos demandados y esperados por la población durante muchísimo tiempo. Lo que sucede es que los cambios no están sucediendo en el sentido que el pueblo–así como les gusta decir a los del oficialismo- esperaba. El Salvador está asistiendo no a un cambio radical en el ejercicio de la política, sino a un cambio de protagonistas. No es que negociar con las pandillas sea pecado del pasado, es que los nuevos gobernantes siguen haciéndolo para aparentar efectividad. No es que la política patrimonial, aquella que usa al Estado como si fuera el patrimonio personal, esté quedando atrás, solo está cambiado de actores. Es cierto que en 200 años el país ha sido gobernado por proyectos de cúpulas, de élites. Pero no es que el país se apreste a dejar de ser gobernado por ese tipo de proyectos, simplemente asistimos a la llegada de otra élite con su propio proyecto patrimonial. Para usar el lenguaje del mandatario, todo apunta a que el país está dejando de ser una “finca de los oligarcas” para convertirse en el negocio de otra camarilla. Lo que sí parece ser novedoso es el cinismo con que se condenan estos vicios de la vieja política mientras se hacen cosas peores en la actualidad.
La actual Asamblea Legislativa es justo lo que este nuevo proyecto requería para seguir implementando su negocio sobre ruedas. El 1 de mayo, con la destitución de los titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, no llegaron en su lugar, como tanto tiempo se ha demandado, personas independientes, comprometidas con la ley y el país y elegidas democráticamente con base al mérito, capacidad y honestidad. Se eligieron personajes que están completamente al servicio del proyecto que domina el poder. Además, se están planteando reformas en las legislaciones de importantes instituciones del Estado que quieren replicar el estilo del presidente, es decir, otorgan gran poder de decisión a los titulares y eliminan los mecanismos de rendición de cuentas sobre lo que hacen. Las propuestas de reformas a la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no presagian un cambio estructural en la institución que se encamine a la mejora y universalización de la atención en salud ni a la dignificación del gremio, más bien, dan mayores atribuciones a la dirección y la eximen de contraloría. El Ejecutivo también ha presentado a la Asamblea Legislativa propuestas de reformas a la Ley General de Electricidad, Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y a la Ley de Creación de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. En todas las reformas hay lugar para los manejos oscuros de la cosa pública. Por ejemplo, según estas leyes, la generación de energía a partir de recursos renovables, ya no necesitará de la aprobación de la Asamblea Legislativa y será una prerrogativa de la CEL. Lo mismo sucede con el anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos. En dicha propuesta se le dan muchas atribuciones al presidente del ente rector del agua sin mayores mecanismos contralores.
Lo que más ha acaparado los reflectores de los medios de comunicación es el proyecto de reformas a la Constitución y la Ley Bitcóin. La materia de la reforma es tan amplia que, difícilmente, la población podrá hacerse una idea de los alcances que puede tener en su vida diaria cambiar la Constitución del país. Además, se aprobó sin ninguna discusión -no se puede discutir lo que no se conoce- la imposición de un activo digital especulativo como moneda de curso legal que, según el discurso oficial, beneficiará al pueblo salvadoreño, aunque muy probablemente sea de más provecho para los intereses representados en el gobierno. Que sea la medida más antipopular implementada por la presente administración parece que les tiene sin cuidado.
En fin, el país está enfrentando cambios acelerados. A veces algunos cambios pueden parecer negativos, pero traen efectos positivos a la larga. Pero a veces ocurre lo contrario. Hay cambios que parecen ser positivos, pero a la larga, resultan peor que la realidad que decían superar. El Salvador está cambiando, no hay duda. Lo que no se sabe es para quién está cambiando. Es difícil sostener que estos cambios sean para beneficio de la mayoría de la población cuando se continúan repitiendo los vicios de la vieja política, cuando se oculta toda la información que debería ser pública, cuando no se tocan a los señalados de corrupción y cuando se imponen leyes.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 58.
