Por Rodolfo Cardenal.
Los funcionarios del oficialismo son de la opinión que pueden hacer lo que les venga en gana, en virtud de la cantidad de votos captados en la elección presidencial y en la legislativa y la municipal. Esos votos los habrían investido de un poder incuestionable para proceder no solo según su saber y entender, muy deficientes, por cierto, sino, sobre todo, para su provecho y beneficio. El hermetismo tras el cual se han atrincherado facilita la actuación impune. El ejercicio autoritario del poder hace verosímil el planteamiento. Si el régimen lo hace, no solo se puede, sino que incluso es un derecho.
El poder concedido en las urnas es innegable, pero los elegidos solo tienen competencia para aquello que la ley ordena. El poder delegado, por muy abultado y popular que sea, comporta obligaciones que lo limitan. Cuando ese límite es traspasado, el ejercicio del poder y el sufragio que le da origen se envilecen. Invocar un derecho que, en realidad, es inexistente y lanzar expresiones altisonantes no eximen de la obligación de no ir más allá de lo que la ley dicta. Si ese derecho se aduce para explotar las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la gestión pública, el poder se prostituye.
Pese a ello, el régimen utiliza ese derecho para intentar preservar la legitimidad de su gestión. Se escuda en él para disimular el ansia de poder, el egoísmo desmedido y la insensibilidad social. Se apropia ilegítimamente de unos recursos escasos que debieran ser invertidos en mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sociales. En definitiva, el oficialismo no hace aquello para lo cual está habilitado, sino lo que legalmente no le compete, y encima lo suele ejecutar de manera torpe, ineficaz y deshonesta. Las voces que se quejan de servicios descuidados o inexistentes se escuchan cada vez más y más alto.
Esta manera de administrar los bienes públicos menoscaba su poder de convocatoria, tal como lo ha podido experimentar el vicepresidente. Su borrador de Constitución no ha sido recibido por el sector privado y el académico. En parte, por verticalista. En parte, porque su contenido es muy discutible y suscita sospechas fundadas de intenciones aviesas. En parte, porque el vicepresidente y su jefe no han mostrado mayor respeto por la Constitución vigente. Y, sobre todo, porque es un sinsentido convocar para exponer un texto cuya aprobación es un hecho, pero cuyo cumplimiento queda al arbitrio del amo. Desairado, el partero mayor achaca la indiferencia a “un exceso de soberbia y de prepotencia de pequeños grupos”. Ciertamente, son pequeños, pero lo suficientemente relevantes como para buscar su asentimiento pasivo. Su “soberbia” no es más que reacción a la “soberbia” primera del vicepresidente, que se arrogó facultades para elaborar, junto con los suyos —ninguno de ellos constitucionalista renombrado, excepto un extranjero—, un nuevo ordenamiento jurídico.
En la reacción negativa de los mercados, el segundo de abordo avista “agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional”. El funcionario es incapaz de ver cómo su proyecto aumenta la incertidumbre predominante. El único responsable del deterioro de la imagen es el régimen mismo, que pierde credibilidad a ojos vistas. El asilo concedido por México a un exministro del FMLN es más perjudicial que la fuga de un presunto corrupto, porque pone de manifiesto ante la opinión internacional la existencia de persecución política. Asimismo, la confirmación de la negociación con las pandillas para disminuir los homicidios ya ha trascendido a la prensa internacional.
El curso tomado por el bitcoin, presentado por Bukele como una de sus ocurrencias más geniales, es otro indicador de la volatilidad que merma su credibilidad. La introducción forzada de la criptomoneda es quizás la apuesta más fuerte de los hermanos Bukele. Pese a ello, la legislación y la normativa son insuficientes, confusas y contradictorias. Ahora pretenden apaciguar la aprensión del mundo financiero con disposiciones propias del lavado de dinero, inaplicables a una criptomoneda. El desenlace de la apuesta queda en manos de una opinión pública recelosa, que decidirá si le conviene la flexibilidad y el ahorro de comisiones prometidos por Bukele. En definitiva, si es beneficioso convertir dólares en bitcoin para luego convertirlos en dólares.
El derecho de gobernar conlleva obligaciones para con la ciudadanía, sobre todo con la más desfavorecida. Entenderlo como vía libre para satisfacer caprichos y veleidades es ingenuo, temerario y, en definitiva, egoísta. Ejemplo claro de ello es el abortado proyecto de reforma de la legislación del Seguro Social. La dirección de la institución no busca mejorar una prestación muy deficiente, por su limitada cobertura y por la mala calidad del servicio, sino concentrar aún más el poder para disponer con mayor libertad de las contribuciones de los asegurados.
El proceso de decisión deber tener muy presente las consecuencias para la población. La obligación primera y más importante del gobernante es el bienestar real de las mayorías. Ellas constituyen el límite infranqueable de su derecho de gobernar.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
