La Asamblea Legislativa actualizó recientemente su índice de información reservada, hay documentos bajo reserva como contrataciones directas, compras, planillas de pago de salarios y el presupuesto de los grupos parlamentarios, entre otros.
Según Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, esto muestra que la Asamblea Legislativa continúa retrocediendo en el tema de transparencia y combate a la corrupción. Además, constituye una vulneración a la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP.
“La Asamblea ha retomado el artículo 19 a efecto de tratar de hacer encajar en las causales de reserva el artículo 19 de acceso a la información pública. Sin embargo, se denota un esfuerzo que ha realizado la Asamblea de cara a justamente eso, tratar de hacer encajar porque no es natural la reserva que ha establecido, principalmente porque varía de la información que está declarando como reservada, ya está declarada como información oficiosa del artículo 10 y del artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública”, explicó Robles.
La abogada de FESPAD asegura que la Asamblea Legislativa realmente está transgrediendo la ley, ya que la LAIP establece de manera clara cuándo debe declararse la reserva de la información y se establecen los criterios que ésta debe cumplir para que pueda entrar dentro de esa causal.
Robles dice que la información oficiosa, sin necesidad de que la población la solicite, debe estar disponible para toda la población. Es una obligación de todas las instituciones públicas y de las privadas que manejan fondos públicos.
“Es realmente lamentable porque lo que hemos observado por parte de la Asamblea ha sido acciones constantes de cara a opacidad en la administración pública, en específico la labor legislativa y no de cara a la transparencia como se vino ofreciendo, principalmente, como parte de las ofertas de campaña que no solo tuvo en su momento el presidente de la República que es de todos conocidos, sino también las y los diputados en sus campañas individuales y los partidos políticos ofrecieron transparencia pública”, añadió.
La abogada de FESPAD, Loyda Robles, agrega que la transparencia no elimina en su totalidad los actos de corrupción, pero es fundamental para minimizarla, además le permite a la población hacer un ejercicio de contraloría.
Robles señala que es lamentable el actuar que está teniendo el Órgano Legislativo y recuerda que, este órgano de Estado, emitió un “blindaje” conocido como “Ley Alabí”.
