El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, confirmó esta semana que envió una carta a la Dirección General de Centros Penales para que brinde respuesta sobre las medidas que se le aplicarán al excalde Ernesto Muyshondt.
El 30 de julio, la Cámara resolvió que Muyshondt debía tener arresto domiciliar, pagar una fianza de $50,000 y usar brazalete electrónico, pero el mismo día Centros Penales señaló, a través de Twitter, que no tenían esa resolución y que por falta de brazaletes electrónicos Muyshondt debía seguir en el penal de Mariona.
La Dirección General de Centros Penales no ha informado si cumplió la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal.
Tobar dijo que si no se tiene respuesta por parte de Centros Penales, la Procuraduría solicitará una autorización para visitar al exedil.
Muyshondt es acusado por negociaciones ilícitas tras haberse reunido presuntamente con jefes de pandillas para negociar apoyo electoral, según la acusación fiscal.
Por el caso tregua, Muyshondt ha sido beneficiado con arresto domiciliar, pero a la salida del juzgado la Policía lo capturó por la acusación de retener cuotas laborales.
Luego fue acusado de retención de cuotas laborales en perjuicio de empleados municipales durante su mandato en la Alcaldía de San Salvador.
