Por Irma Cantizzano.
Las advertencias sobre la situación fiscal del país continúan, sobre todo tomando en cuenta que hacen falta $1,846.9 millones para cubrir las necesidades financieras de aquí al cierre del año.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) detalla en un documento publicado esta semana, que de agosto a octubre el Gobierno necesitará financiamiento de $400 millones mensuales para cumplir con todas las obligaciones. Esto implica desde la deuda interna a corto plazo que suma $865 millones, la implementación de la Ley Bitcóin que agrega unos $225.3 millones, el apoyo para que las pequeñas empresas puedan hacer el aumento del 20 % del salario mínimo, y los aumentos en el subsidio del gas y reparto de canastas alimenticias.
«El financiamiento para cerrar el presupuesto del año no está garantizado y en ese sentido, en el peor escenario es que no se logre el financiamiento… sino se consigue el gobierno caería en un impago de deuda y eso llevaría al país a una crisis», explica Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES.
“Con las crisis siempre está esa pregunta qué cuándo va a estallar, y eso nunca se puede responder. Claro ya en el último minuto es que todos nos damos cuenta, y se dice ‘sí ya sabíamos’, pero no podemos decir cuándo”. Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES.
Las expectativas para lograr el financiamiento estaban puestas en un acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional por $1,300 a $1,400 millones. Pero, aunque la negociación se mantiene, según publicó Bloomberg, se desconoce en qué estado se encuentra.
Otra opción es salir a buscar fondos en el mercado interno, pero los inversionistas locales se muestran pocos interesados a pesar de las altas tasas que se está pagando y eso deja al gobierno con menos liquidez. Aunque «el gobierno tiene unos $1,400 millones en sus cuentas que le permitiría cursar unos dos o tres meses más y llegar a fin de año pero está complicado», detalla Trigueros.
Para el economista, salir a los mercados internacionales en este momento no es una «opción sostenible». El EMBI de El Salvador, que es uno de los índices que los inversionistas analizan para saber las posibilidades de un país para pagar su deuda, era hasta el viernes el tercero más alto de América Latina (solo abajo de Argentina y Venezuela). Es decir, a mayor EMBI, menos certeza hay que una nación honrará sus obligaciones. Actualmente el índice para el país está en 8.12, el promedio de América Latina es de 3.59, el de Costa Rica está a 4.80, Honduras 3.20 y Panamá 1.77, como referencia.
Si El Salvador quisiera salir y buscar financiamiento externo la tasa podría rondar más de un 10 %.
«Con las crisis siempre está esa pregunta qué cuándo va a estallar, y eso nunca se puede responder. Claro ya en el último minuto es que todos nos damos cuenta, y se dice ‘sí ya sabíamos’, pero no podemos decir cuándo», dice Trigueros.
“No se va claridad de que Hacienda tenga una planificación para el pago de deuda. Necesita tener una mediana planificación de cómo se va a pagar en 3 a 5 años, por eso es necesario aplicar nuevamente la Ley de Responsabilidad Fiscal”. Tatiana Marroquín economista.
Movimientos financieros
Otro de los problemas, indica por su parte la economista Tatiana Marroquín, es que el gobierno no se está apegando al ordenamiento y la ley de presupuesto, esto al no pagar proyectos aprobados o no ejecutar otros planteados en el presupuesto, sobre todo porque no están utilizando los fondos para lo que se ha dicho que se utilizará.
FUSADES señalaba en julio pasado que el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) que inició con $4 millones fue modificado y ahora es de $259 millones, sin contar con el financiamiento, sino reduciendo las partidas de servicio de deuda externa. Y hoy se espera que la Asamblea modifique nuevamente el presupuesto para aumentarlo en $500 millones más, dice Marroquín.
La Fundación también señala que «sin ninguna explicación el gobierno hizo un llamado a redención anticipada de $645.8 millones de CETES que vencían el 23 de septiembre de 2021, con un nuevo calendario sin hacer referencia a cuál préstamo corresponden, ya que al ser crédito puente, debían ser pagados con el préstamo que justificó su emisión».
Lo único que sí es una opción es ir por el «buen camino», detalla FUSADES y eso implica «que se realice —a la brevedad posible— el acuerdo con el FMI y que se enrumben las finanzas públicas hacia una ruta de sostenibilidad… caso contrario, la turbulencia generalizada seguirá aumentando, empujando al país a un ajuste desordenado con grandes pérdidas para todos».
En curso
Según una nota de Bloomberg las conversaciones entre el FMI y las autoridades nacionales “están en curso y es necesario evaluar cuidadosamente el impacto de todos los nuevos acontecimientos desde mayo”, dijo el FMI, agregando que las discusiones, incluyen la implementación de la Ley Bitcóin.
Fuente: El Economista.
