No es nuevo, que diferentes partidos políticos, sobre todo los que han llegado al poder ejecutivo, han tenido en los últimos 15 años, al menos, algún tipo de entendimiento con grupos pandilleriles, según manifiesta la experta en derechos humanos, Celia Medrano.
Medrano asegura que esas negociaciones han sido una herencia, que de acuerdo con algunas investigaciones del periodismo independiente, ha continuado por parte de la actual gestión gubernamental.
A juicio de Medrano, el problema no es que haya algún tipo de diálogo y que incluso se llegase a acuerdos en función del beneficio de la población y encaminar al cierre de dos décadas de violencia generalizada, vividas en el país.
La experta en derechos humanos dice que el problema es que a espaldas, a escondidas de la población -negándolo persistentemente- diferentes gestiones gubernamentales han hecho esas conversaciones y las han convertido en algún tipo de negociación y acuerdos que tienen beneficio, específicamente políticos y beneficios individuales para los grupos que protagonizan ese tipo de entendimiento.
“El problema es que los grupos pandilleriles han tomado nota que tienen un poder político al poder, prácticamente, extorsionar al Estado, en el sentido de que la reducción de homicidios o el tener índices bajos, en el registro diario de homicidios, tiene un poder de cambio que normalmente lo establecen, en función de beneficios para ellos y para sus grupos cercanos. El punto de esta práctica extorsiva, ya no hacia los miembros de las comunidades y hasta personas que viven en territorios controlados por pandillas sino extorsión hacia el Estado, con la amenaza de disparar índices de homicidios sino se cumplen con acuerdos tomados o si no se cede a demandas planteadas es que tarde o temprano eso tendrá una escalada muy grave”.
La experta en derechos humanos recordó que en plena pandemia en marzo y abril del año 2020, se disparó la violencia en un fin de semana, prácticamente se registraron 50 homicidios diarios.
Medrano indica que la respuesta fue visceral pero publicitaria, por parte del gobierno, en términos de plantear la misma política mano dura, súper mano dura que ya otros gobiernos habían implementado y que ya en ocasiones anteriores ha quedado claro que no es sostenible y mucho menos logra resultados, a largo plazo.
“Podrá tener aplausos y podrá tener aceptación por parte de la población, momentáneamente y resultados electorales a corto y mediano plazo, pero la violencia sigue estando a la orden del día para la mayoría de la población.Es así que hay que tomar en cuenta que no solo políticos corruptos o políticos que anteceden, que dan prevalencia a sus intereses individuales que al beneficio de la población puedan pactar con pandillas, también”.
Medrano manifiesta que ha sido una constante que los gobiernos oculten las negociaciones y entendimiento con grupos criminales.
La experta en derechos humanos dice que eso convierte a los Estados que sufren estas situaciones, en prácticamente “narco Estados”, como es el caso de los vecinos Honduras y Guatemala
Medrano se pregunta que si eso sucede en Honduras y sucede en Guatemala.
“En primer lugar hay que señalar que esta práctica no sería exclusiva de la actual gestión gubernamental, es heredada de gestiones anteriores y es llevada por alianzas y personas que han tenido poder de decisión en gestiones gubernamentales anteriores. Y tienen personajes comunes durante años, vinculados por ejemplo con el partido GANA, cuyo fundador fue el expresidente Antonio Saca. Son elementos que no hay que perder de vista, en relación a donde están estos enlaces que han dado continuidad a la supuesta práctica que habría entre grupos pandilleriles y para acuerdos y negociaciones con instancias gubernamentales”.
Ante la inseguridad que genera migración de la gente, Celia Medrano recordó las palabras de funcionarios de gobierno que incluso han dicho públicamente que hay una disminución del 80 % de la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos por el “éxito” del Plan Control Territorial.
Pero su visión está basada en la disminución de deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos hacia El Salvador, sin tomar en cuenta que se ha disparado el número de salvadoreños y salvadoreñas detenidos por la patrulla fronteriza, en la frontera sur de Estados Unidos con México, situación que da niveles muy altos de compatriotas saliendo del país.
