La Mesa de Protección a Periodistas se pronunció este jueves ante las recientes agresiones a la prensa y en contra de retrocesos en el acceso a la información pública, esto tras las decisión de la Asamblea Legislativa de declarar en reserva algunas categorías de información.
Según detallaron, hasta agosto de 2021 el Centro de Monitoreo de la APES registra 173 casos de vulneraciones al gremio periodístico, superando la cifra registrada en todo el año pasado. «Las agresiones físicas contra periodistas, como las ocurrido el pasado 20 de agosto contra dos periodistas en el mercados San Miguelito, muestran los altos niveles de intolerancia dentro de la Policía Nacional Civil y desnaturalizan la función apolítica y de servicio ciudadano de la corporación», dice la Mesa en su comunicado.
César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó que «el silencio no puede ser una opción en este momento» para el gremio. «Se está alentando un discurso anti medios. Hacemos un llamado a la dirección de la PNC para que se pronuncie porque callarse es equivalente a acompañar esta impunidad», agregó Fagoaga.
«A estos graves incidentes se suma la política de opacidad implementada desde la Asamblea Legislativa -un órgano que cedió su autonomía a Casa Presidencial- que limita el trabajo periodístico», señala la Mesa. «En la práctica lo que se está viendo es retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información que limita el ejercicio periodístico en razón de la contraloría social que la prensa hace a las acciones del Estado», mencionó Loyda Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una de las organizaciones de la Mesa.
La Mesa también se sumó a las voces que rechazan la decisión de la Asamblea Legislativa de reformar la Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la Fiscalía. «Desde la Asamblea llegan cada día más atentados contra los derechos fundamentales», señalan. Agregan como un hecho preocupante las declaraciones del diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, quien planteó la necesidad de crear una «nueva legislación para controlar el quehacer periodístico», luego de la publicación de El Faro sobre la negociación del gobierno con pandillas.
«Es grave que una publicación de este tipo, que es de interés público y que atenta contra la burbuja de propaganda estatal, tenga como respuesta un intento de control y censura», apuntan.
Frente este contexto, Serafín Valencia, representante de la UCA y también integrante de la Mesa, mencionó que es importante la unidad del gremio para afrontar los atropellos que puedan ocurrir, sobre todo por falta de garantías de parte de las instituciones públicas. «Si en algún momento hemos estado con criterios individualizados, es momento de unificarnos», señaló.
Para Leonel Herrera, de ARPAS y parte de la Mesa, si existe interés de respetar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa, la Asamblea Legislativa debería aprobar la propuesta de ley de protección a periodistas que la mesa presentó en octubre de 2018 pero que fue archivada por la actual legislatura en el mes de mayo. «En vez de pensar en un marco que restrinja, mejor les instamos a retomar la propuesta. Estamos en disposición de dialogar (con los diputados). Esa sería una buena contribución», mencionó el periodista.
Para esta organización es importante no callar las agresiones que sufren periodistas y comunicadores. Señalaron que, en los casos de agresiones físicas, acudirán a las instancias correspondientes para activar la institucionalidad del país, de lo contrario dijeron que buscarán instancias internacionales. «La imposición de un discurso único, de un ejercicio acrítico del periodismo y de la violencia como única respuesta, no es la vía por la que El Salvador pueda transitar hacia un mejor futuro», concluyeron.
(Arpas)
