El viernes 3 de septiembre, la población salvadoreña finalizó el día con la noticia de que la Sala de lo Constitucional, impuesta el pasado 1 de mayo por Nayib Bukele y sus aliados, avaló la reelección inmediata del presidente de la República para el próximo período. Desde que se conoció la noticia, muchos abogados y abogadas han señalado que dicha resolución riñe con la propia Constitución de la República. Ciertamente, la Carta Magna prohíbe en tres de sus artículos la reelección inmediata del presidente (arts. 88, 152 y 154). Sin embargo, en El Salvador ya no hay Estado de Derecho, por lo que las interpretaciones jurídicas de los hechos acontecidos en los últimos días ya no valen. Ahora la única ley que vale es la palabra del presidente de la República y su prolongación a través de sus aliados y subordinados en cualquier poder del Estado.
Es importante destacar que este hecho es la táctica más reciente en la estrategia desplegada por el clan Bukele para consolidar un régimen autoritario y la cooptación del Estado salvadoreño para la satisfacción de sus intereses. A esta última táctica hay que añadir la Ley Bitcóin, que entró en vigencia el 7 de septiembre y que fue aprobada en un madrugón legislativo, sin conocimiento de la población, sin saber qué problema específico de la ciudadanía pretenden resolver, y cuya implementación ya nos costó a los salvadoreños alrededor de $205.3 millones de dólares. Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), 7 de cada 10 salvadoreños consideran que la Ley Bitcóin debe ser derogada. Por el contrario, los más entusiasmados con esta medida han sido algunos “bitcoiners” extranjeros, amigos del presidente y de sus hermanos, quienes han visto con buenos ojos que El Salvador y su población se conviertan en experimentos de laboratorio para ver qué ganancias pueden obtener a partir de ello.
De igual forma, desde que Bukele llegó al Ejecutivo, lo que se ha impuesto en El Salvador es una manera de gobernar llena de improvisaciones, violatoria de derechos humanos y ampliamente extractivista y depredadora de los recursos del Estado y de los bienes naturales del país. Bukele y sus aliados no solo han decidido apostar millones de dólares en fondos públicos para financiar el negocio del bitcóin, sino que, día tras día, su gobierno permite a grandes empresas constructoras depredar el medio ambiente, concesiona bienes o infraestructura pública a empresas que financiaron su campaña presidencial, otorga licitaciones y realiza compras públicas a empresas de sus aliados, despide a miles de empleados públicos, desfinancia a gobiernos locales y a proyectos sociales, hace recortes presupuestarios a los ramos de educación y salud, mientras otorga más fondos a la Fuerza Armada y a su equipo propagandístico.
Es claro, pues, que son los intereses de esta coalición gobernante los que tienen prioridad, aunque la millonaria maquinaria propagandística del Gobierno se empeñe en decir que todas estas acciones son en “beneficio del pueblo”. Es claro también que estas acciones no implican simplemente una mera repartición de incentivos para sus aliados, sino también la implementación de un modelo neoliberal incluso más agresivo que el implementado por los gobiernos de Arena. De hecho, muy al estilo del expresidente Francisco Flores, Bukele también ha roto todos los canales de diálogo con una gran cantidad de sectores sociales, pero además, los criminaliza, los acosa en redes sociales, los persigue y los encarcela con su policía y fiscalía serviles.
Muchos de estos sectores ya mostraron su descontento el pasado 7 de septiembre cuando salieron a las calles a manifestarse por la entrada en vigencia de la Ley Bitcóin y por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que obliga a la destitución de los jueces mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años de ejercicio. La efervescencia social ha comenzado a manifestarse y es probable que aumente con el paso del tiempo. Esta es, por ahora, la nueva “república” de Bukele y sus aliados: un régimen autoritario neoliberal que amenaza la sostenibilidad del país y la vida de los más vulnerables.
A corto plazo, parece que la única vía de acción que queda es la organización popular y la búsqueda de acuerdos mínimos entre los que pretenden contener la avanzada autoritaria. A mediano y a largo plazo, esta articulación debe trascender hacia la construcción de un sujeto y un proyecto político encaminados hacia la transformación de las condiciones estructurales que nos han llevado hasta donde estamos.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 60.
