La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador dijo esta semana, en conferencia de prensa, que la reelección presidencial, la destitución de jueces mayores de 60 años y las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, son ataques a la democracia.
El abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), David Ortiz, puntualizó algunos daños que causan estas reformas que son una clara imposición del oficialismo.
“Rechazamos las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que significa un grave ataque a la independencia judicial en el país, afectando a jueces y juezas mayores de 60 años de edad o con más de 30 años de servicio, que serán separados del cargo, irrespetando las garantías constitucionales y legales, que en buena medida han sido producto de los Acuerdos de Paz. Las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, de igual forma buscan el control de la institución por el fiscal general impuesto por la bancada oficialista el 1 de mayo. El manoseo político de la justicia significa una afectación a los procesos de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el conflicto armado”.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador mostró preocupación por las reformas que permitirán la reelección presidencial.
“Rechazamos la resolución de la Sala de lo ´Inconstitucional´, que contrario a lo establecido en nuestra Constitución de la República ha avalado la reelección presidencial, una decisión que significa un grave rompimiento de nuestra forma de gobierno y del sistema político, que en ningún caso puede reformarse, según lo establecido en el artículo 248 de la Constitución. Manifestamos nuestra profunda preocupación en lo que vemos se está constituyendo en un Gobierno autócrata que se está apoderandose de todos los espacios políticos, con pretensiones de control de todas las entidades estatales, eliminando así el sistema de pesos y contrapesos que deben existir en toda democracia”.
Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, manifestó que las reformas que impone el Gobierno son anti democráticas.
“La creciente militarización que se está dando en nuestro país, se habla de dar empleo pero los empleos son 20 mil soldados; esos son los empleos que se están promoviendo y quizás más porque esa es la línea que lleva el presidente. Y por otro lado, afectar a los sectores económicamente vulnerables en nuestro país, los pobres, los que viven con el dólar diario que ganan y no pueden obtener un bitcóin, un bitcóin que es una moneda especulativa, para los que tienen dinero, para los que les sobra el dinero. Son situaciones antidemocráticas y anti derechos humanos”.
El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro manifiesta que otro de los riesgos contra la democracia es la total obediencia del director de la Policía Nacional Civil y del ministro de Defensa a las medidas presidenciales.
“La actitud de los agentes de la PNC, sobre todo su director, el ministro de la Defensa que está en obediencia, también, a todo lo que decide el presidente de la República, eso es muy arriesgado, muy peligroso, es un atentado a esta democracia, que si antes estábamos luchando contra la democracia, esa democracia se está esfumando”, dijo Montenegro.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador hace un llamado al respeto a la institucionalidad del país, al principio de separación de poderes públicos porque en la actualidad se vive en una sociedad antidemocrática en el país.
