Por Karla Alfaro/ Karen Funes.
ASAFONDOS reitera que cualquier reforma al sistema debe determinar sus fuentes de financiamiento presente y a futuro. Diputados piden estudio a detalle de la propuesta que enviará en octubre el Presidente Nayib Bukele.
Si la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) en El Salvador, que buscaría un incremento al monto que reciben los jubilados, no cuenta con el debido sustento técnico, se pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema, advierten los expertos.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional que en 30 días presentará a la Asamblea Legislativa una reforma de pensiones integral, pero no brindó más detalles.
«Con ella garantizaremos que los salvadoreños por fin tengan pensiones dignas y no las pensiones de hambre a las que fueron sometidas por los gobiernos anteriores», dijo el mandatario el miércoles.
Al respecto, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) dijo mediante un comunicado que es importante que cualquier reforma integral al sistema de pensiones priorice incrementar el monto de los beneficios y aumentar la cobertura de la seguridad social en el país, al mismo tiempo que determine sus fuentes de financiamiento tanto en el presente como en el futuro.
«Consideramos que todo cambio a la Ley del SAP debe ser evaluado técnicamente tomando en cuenta los impactos en el corto, mediano y largo plazo que implicará su implementación, a modo de garantizar su sostenibilidad y la del sistema de pensiones en general», dijo la gremial.
En ese mismo sentido, la AFP Crecer dijo en un comunicado desconocer en qué consiste el proyecto anunciado por Bukele, sus estudios y proyecciones que aseguren su sostenibilidad y el pago de las pensiones a los trabajadores.
Aunque los expertos consultados reconocen este anuncio, en principio, es positivo porque se trata de una deuda histórica, advierten de varios peligros si se realiza sin los debidos estudios técnicos y paramétricos, análisis que no ocurrieron en los casos del aumento de la pensión mínima a finales de 2020 y del salario mínimo en agosto.
El economista Rafael Lemus se muestra escéptico sobre el tipo de reforma integral que puede ofrecer «un gobierno que está literalmente casi que en bancarrota», con una deuda del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB).
«Ofrecer una reforma que implique más pensiones, que es lo que la gente quiere, el Gobierno no tiene condiciones materiales para eso. Por eso la tentación es ofrecer ese dulce envenenado de más pensiones y confiscar el ahorro», señala Lemus.
Factores
Se estima que, en promedio, la pensión en el país es cercana a los $600. Sin embargo, cabe recordar que el valor de cada pensión es único y está determinado por una serie de factores propios del mercado laboral salvadoreño: los principales son el nivel salarial, los años cotizando con ese salario y la rentabilidad de las inversiones que hace el sistema de capitalización individual en el mercado bursátil.
En el caso de El Salvador, desde 2009, la mayor parte del fondo de pensiones estaban invertido en instrumentos estatales que tenían una rentabilidad ponderada por debajo del 2 %, hasta que se corrigió en 2017 por una resolución de la Sala de lo Constitucional y aunque ahora pagan una tasa del 6 %, eso impactó negativamente en el proceso de construir una pensión digna.
También incide en las bajas pensiones la poca libertad que tienen las AFP en invertir estos ahorros en títulos con mayor rentabilidad, cosa que ha estado limitada legalmente por un tema de riesgo.
Ante este panorama, explican los expertos, aumentar el valor de las pensiones por decreto legislativo iría en contra de la naturaleza del sistema de capitalización que es autosostenible y una pensión no puede ser más alta de lo que los ahorros y la rentabilidad del trabajador consigan.
En el hipotético caso se mantiene el sistema actual de capitalización individual y se aumenta un porcentaje a las pensiones vía decreto, eso va a incrementar el nivel de egresos (pago de prestaciones) y los ingresos (recaudación de cotizaciones) se mantendrán al mismo ritmo y habrá un desbalance de sus flujos a la larga.
Por su parte, Carlos Argueta, economista e investigador asociado de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), agrega que esta reforma debe incluir un mecanismo para mejorar la cobertura, por ejemplo la creación de una base de datos única entre los cotizantes de salud y de pensiones. Asimismo, señala que es necesario atender el tema de las personas en informalidad.
Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, la recaudación acumulada del SAP a julio es de $12,272 millones, lo que significa un crecimiento interanual de 8.6 %.
Sin embargo, de este total, solamente $307 millones están líquidos y el resto está invertido en diversos instrumentos.
La población afiliada al SAP es de 3.5 millones, pero solamente cotizan efectivamente 763,214 personas.
A la espera
Al ser consultados sobre este anuncio hecho por Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa dijeron que esperan conocerla y que se discuta técnicamente antes de aprobación.
«Habría que esperar qué es lo que va a presentar y analizarla. Eso es algo que se ha estado pidiendo desde hace ratos, se hizo una reforma hace un par de años pero creo que es necesario todavía buscar la forma de cómo mejorar las pensiones», dijo Mauricio Linares, de ARENA.
Por su parte, Reynaldo Cardoza (PCN), esperaría que el Ejecutivo mande una propuesta coherente hacia la población salvadoreña. «Los fondos de pensiones son de las personas trabajadoras y trabajadores, no son de nadie más. Los fondos de pensiones son de uno mismo. Que se respete lo que es de uno, eso es lo que estamos pidiendo», señaló.
Fuente: El Economista.
