Jueces y Magistrados de Segunda Instancia informaron este viernes que acudieron ante la Corte Internacional de Derechos Humanos a denunciar al Estado salvadoreño por la violación a los derechos humanos.
El presidente de la República sancionó el Decreto Legislativo que da vida a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial publicada en el Diario Oficial, este viernes 17 de septiembre.
La jueza segunda de Paz, Marta Lilian Villatoro, explicó que como jueces han agotado todas las instancias nacionales y ahora junto a la organización Cristosal presentaron la demanda contra el Estado Salvadoreño.
“La Corte Interamericana de Justicia sesionará la próxima semana y le estamos pidiendo medidas cautelares para que estas reformas no se apliquen”, indicó Villatoro.
Los jueces presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que exija a El Salvador la suspensión de la vigencia de las reformas y a la Corte IDH que emita medidas cautelares debido a la gravedad y urgencia que provocan violaciones” a derechos derivadas de la reforma.
Corte Plena sesionó y aprobó una indemnización “extraordinaria” de 24 salarios para los jueces o magistrados de segunda instancia que renuncien antes de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que dejarán sin trabajo a jueces mayores de 60 años de edad o que cumplieron 30 años de servicio.
Los jueces señalaron no estar de acuerdo y enfatizaron que no se trata de dinero, sino de la gravedad que están ocasionando al Órgano de Justicia y por ende a toda la población.
“Las reformas no solo impactan profesionalmente o económicamente a los jueces, sino que el impacto es para todo el país y para las leyes salvadoreñas”. Los jueces insisten en que el decreto lo que busca es reemplazar a los funcionarios y colocar a jueces que estén a la orden del Ejecutivo.
Con la remoción de los jueces se teme que los nuevos funcionarios afecten los casos que están en proceso.
