Por Melissa Pacheco.
El proyecto de presupuesto tiene un déficit de fondos que asciende a $498 millones, dinero que debe conseguirse a través de la emisión de nueva deuda. El plan de gastos aumenta 7.3 % respecto al de este año.
A $7,967 millones asciende lo que el Gobierno de El Salvador (GOES) solicita para el funcionamiento del Estado durante el 2022.
Anoche, a menos de cuatro horas para que expirara el plazo para la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el proyecto de presupuesto 2022.
En relación a lo que la Asamblea aprobó en el presupuesto 2021, lo solicitado para el 2022 aumenta en 7.3 %. El presupuesto de este año es de $7,423.6 millones, superado en más de $500 millones por lo requerido por el GOES para 2022.
Zelaya dio datos generales sobre la composición del presupuesto. Por ejemplo, que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es “conservadora” porque la sitúan en 2.4 % y que los ingresos tributarios que tienen proyectado recaudar ascienden a $6,205 millones.
Debido a que eso es insuficiente para financiar la totalidad del presupuesto, Hacienda requiere la autorización para emitir nueva deuda, en concreto Zelaya la cifró en $498 millones para completar lo presupuestado para el próximo año.
Respecto a lo proyectado dar para cada ramo, el ministro detalló que para Educación, Ciencia y Tecnología, proyectan una necesidad de $1,700 millones; para Salud, $1,083 millones; y para Justicia y Seguridad y el de Defensa juntos, una suma de $890 millones.
Esos ramos continúan siendo la apuesta del Gobierno, dijo Zelaya, tal y como también lo manifestó en septiembre del 2020 cuando presentó el proyecto de presupuesto para el 2021.
Aparte de eso, el funcionario aseguró que le apuestan a la inversión pública y que por eso aumentan ese rubro en $333 millones, proyectan destinar en esto la suma de $1,700 millones.
En el proyecto de presupuesto, según la declaración del ministro, están incluidos $42 millones para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) construya pasos a desnivel en San Salvador, $14.8 millones para obras de mitigación en cárcavas en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y $34 millones para trabajos en el Bypass Gerardo Barrios.
En el Ramo de Turismo, aunque no dio el monto del presupuesto total, Zelaya dijo que incluyen $3 millones para obras en Surf City.
En el Ramo de Vivienda, incluyen $7 millones para financiar el programa “Mi primera vivienda”; y al Instituto Nacional de los Deportes (INDES) le presupuestan un gasto total de $121 millones. El plan de gastos de esa institución sube más 100 %, ya que para este año programaron $17 millones; Zelaya justifica el aumento con que van a intervenir espacios deportivos.
Flanqueado solo por diputados de Nuevas Ideas, Zelaya dio los documentos al presidente de la Asamblea. “El año pasado lo entregamos en un ambiente mucho más, bueno, muy hostil de los que se habían precedido en años anteriores, ese período fue bastante difícil y yo sé que ahora la nueva Asamblea Legislativa tiene la firme convicción de que esto sea muchísimo más rápido”, dijo Zelaya.
Al ser consultado sobre la forma en que van a obtener el financiamiento para completar la deficiencia presupuestaria, el funcionario de manera escueta dijo que tienen buenas relaciones con organismos internacionales, que solo es cuestión de que los diputados definan el mecanismo para obtener los fondos, es decir, si será a través de préstamos con organismos internacionales, con bancos o a través de la emisión de Letras del Tesoro (LETES).
Luego, sin embargo, no hubo detalles sobre cómo se cerrará el actual presupuesto, o sobre cómo impactará la reforma a las pensiones que el GOES ha prometido presentar en la primera quincena de octubre; o sobre montos destinados al bitcóin, una de las apuestas del gobierno y a la que se la han inyectado más de $200 millones solo en cuatro meses.
Castro, en tanto, dijo que darán celeridad al estudio del proyecto de presupuesto y que tratarán de aprobarlo en un lapso de dos meses, en este tiempo harán consultas con todas las instituciones.
Fuente: El Economista.
