Por Edgardo Ayala .
El proceso judicial de la matanza de mil civiles ocurrida en 1981 en la aldea de El Mozote, en El Salvador, corre el riesgo de sufrir un revés inesperado ahora que el juez ha sido apartado del proceso y lo retoma una nueva letrada que puede echar al traste con el avance logrado hasta ahora.
Ésa es la preocupación de organizaciones de derechos humanos, de testigos en el caso y de familiares de las más de mil personadas asesinadas por el ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en la referida aldea, luego de que el juez Jorge Guzmán, quien había impulsado con ahínco el proceso, se viera obligado a dejar el caso tras una maniobra del gobierno de Nayib Bukele.
La sospecha de las familias en El Mozote es que la jueza que remplaza a Guzmán llegue con una agenda oscura de retrasar o bloquear el caso, en beneficio de 16 oficiales (de un listado original de 33) acusados de participar en la matanza, ejecutada no sólo en ese caserío, sino en otras aldeas cercanas.
“No sabemos qué intenciones trae, si va a cumplir recomendaciones del presidente, nos preocupa que el proceso se nos podría estancar”, declaró a La Jornada el campesino José Cruz, al pie del monumento donde están grabados 800 nombres de las víctimas, en la plaza central de El Mozote, aldea del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán. Ahora, casi 40 años después, luce apacible, pero en diciembre de 1981 los gritos de horror se oyeron por todas partes en el caserío.
El caso permaneció archivado desde 1993 debido a la Ley de Amnistía aprobada ese año. Pero fue reabierto en septiembre de 2016.
Si bien no ha sido oficializado por la Corte Suprema de Justicia, La Jornada confirmó que quien retoma el caso es Mirtala Teresa Portillo.
Ella se desempeñaba al frente del juzgado de paz de Sesori, pequeña población en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador.
Cruz Vigil, oriundo del caserío Jocote Amarillo, agregó: “no nos extrañaría que se esté queriendo meter mano, pero ojalá que no sea así”.
Él contó que perdió a 54 parientes en el operativo militar en Los Toriles y Jocote Amarillo, dos de los caseríos también arrasados. Se salvó porque no se encontraba en casa, había ido a trabajar a un poblado vecino.
Entre sus familiares asesinados están su hermano Abilio Vigil, de 40 años, la esposa de él, Saturnina Argueta, de 35, y seis hijos de ellos. La mayor tenía 16 años y estaba embarazada, el menor era un varón, de dos años.
“A Abilio lo llegaron a asesinar a su casa en Los Toriles. No podía movilizarse porque no veía, era no vidente”. Añadió: “queremos verdad, reparación y justicia”.
Entre el 9 y 13 de diciembre de 1981 tropas del ejército llegaron a El Mozote y caseríos aledaños y, según testimonios e investigaciones independientes, comenzaron a asesinar a los campesinos, a quienes veían como colaboradores de la guerrilla del entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que controlaba la zona.
Al frente del operativo estuvieron las unidades del Batallón Atlacatl, entrenado en guerra contrainsurgente por Estados Unidos, y comandado por el coronel Domingo Monterrosa, fallecido en octubre de 1984, pero también participaron tropas de otras guarniciones.
Tras cinco años al frente del proceso judicial, que se encuentra en la fase de instrucción, el anterior letrado, Guzmán, de 61 años, se vio empujado a salir del caso y de hecho a dejar su papel de juez a partir de un decreto de la Asamblea Legislativa controlada por el partido del presidente, Nuevas Ideas.
Ese decreto, aprobado el 31 de agosto, cesó a más de 200 jueces que tenían 60 años de edad y 30 de ejercer el cargo, en lo que ha sido interpretado como un mecanismo de purga para que Bukele siga cooptando el Poder Judicial.
Bukele es visto como un presidente milenial con actitudes autoritarias, llegado al poder en junio de 2019.
Cuando la nueva Asamblea Legislativa, en la que Nuevas Ideas tiene 56 de los 84 escaños, se instaló el 1º de mayo, lo primero que hizo fue descabezar a la Sala de lo Constitucional, conformada por cinco jueces, e impuso a unos alineados con el oficialismo. Lo mismo hizo con el fiscal general.
La desconfianza es que la letrada pueda también estar alineada con la visión del presidente, que no ha tenido empatía con las víctimas.
“Puede ser que ella venga con lineamientos de rechazar testimonios, pruebas, para alargar el caso”, aseguró a La Jornada el presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Leonel Claros.
Por su parte, Ovidio González, abogado de Tutela Legal María Julia Hernández, que es parte en el proceso como acusadores particulares, sostuvo: “ella ha sido jueza en un pueblo pequeño, que no tiene mayor experiencia, se va a enfrentar a abogados defensores con mañas, pueden sorprenderla, y pueden hacer que se dilate el proceso”.
En breves declaraciones a este diario, la jueza Portillo comentó por teléfono ayer: “quiero afirmar que voy a darle continuidad al trabajo en las dimensiones que se estaba trabajando”.
Rechazó que siga lineamientos para retrasar el proceso.
Sin embargo, la duda de que ella pudiera estar alineada con el bukelismo, persiste.
Los pobladores tienen razones para desconfiar del presidente.
En noviembre de 2019, Bukele les prometió que permitiría abrir los archivos de varios cuarteles militares para que el juez Guzmán buscara documentos sobre el operativo militar, pero luego se echó para atrás.
“Este gobierno favorece la impunidad, porque se ve la parcialidad que ha mostrado en el caso”, narró el campesino Virgilio del Cid, de 80 años, quien vive en el caserío Jocote Amarillo, cercano a El Mozote.
Del Cid perdió a cerca de 30 familiares. “Todos perecieron, no hubo compasión de nada”, narró.
Se estima que la guerra civil salvadoreña, que finalizó en 1992, dejó unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.
Mientras, los abogados que defienden a los 16 oficiales niegan que en El Mozote haya habido más de mil muertos, pues la cifra de los cadáveres, que constan en el proceso, es menor.
“Para hablar de víctimas tenemos que hablar de pruebas y en el reconocimiento médico en ese proceso no hay más de 270 cadáveres. Cualquier otra aseveración es falsa porque tenemos que ver lo que consta en el proceso”, aseveró a La Jornada el abogado Rodolfo Garay Pineda, jefe del equipo de defensores.
Su colega, Adrián Meléndez, aseguró que la población de El Mozote, en 1981, era de unos 200 habitantes, y esa cifra no cuadra con el número de muertos que se alega.
Sin embargo, hay que considerar que los asesinatos no sólo se dieron ahí, sino también en otros caseríos, y que muchas familias de esas aldeas se fueron a refugiar a El Mozote pensando que ahí estarían a salvo, pero fueron asesinados.
Meléndez indicó que es imposible pensar que se transportó en helicóptero a todo el Batallón Atlacatl, compuesto por unos mil 200 efectivos, pues en diciembre de 1981 sólo había alrededor de cinco helicópteros UH-1H, que operaron en Vietnam.
Además, el primer curso para pilotos de esas aeronaves se impartió en 1984, aseveró Meléndez, quien para esa época era oficial de la fuerza aérea, justamente como piloto de helicópteros.
“No había ni la cantidad de helicópteros ni de pilotos para eso”, subrayó.
No obstante, la defensa sí aceptó que hubo en El Mozote y sitios cercanos una operación militar que dejó víctimas.
¿Quiénes los mataron? preguntó La Jornada. “Eso no lo podemos determinar, será parte del proceso de investigación, no estamos negando lo evidente”, respondió Garay.
Fuente: La Jornada.
