En los últimos días, los comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación han estado enfocados en reivindicar, criticar o analizar la movilización del 17 de octubre. Aunque el tema es importante, en la semana también han ocurrido algunos hechos que vale la pena comentar y que guardan relación con las protestas de las últimas semanas.
Por ejemplo, el pasado jueves 14 de octubre, los diputados de Nuevas Ideas, Gana y PCN que integran la Comisión ad hoc que estudia la Ley de Aguas decidieron modificar el artículo 61 de dicho anteproyecto para otorgar más años de vigencia a las autorizaciones para explotar el agua concedidas al sector privado. Hace un par de semanas, los diputados de la Comisión habían aprobado que los permisos para explotar el agua tendrían una vigencia de cinco años. Sin embargo, según reporta la revista Gatoencerrado, los diputados “decidieron modificar el artículo 61 y aumentar a 15 años el plazo de las autorizaciones “nivel 1” que permitirá a las empresas extraer hasta mil metros cúbicos diarios con fines comerciales. Este plazo se adapta a la propuesta inicial del gobierno y revierte el acuerdo que había tomado la comisión el 30 de septiembre de que este plazo fuera de 5 años renovables”1.
Precisamente, el tiempo de vigencia de las autorizaciones establecido en la propuesta de ley de aguas del Gobierno fue uno de los puntos más criticados por las organizaciones sociales, ambientales, religiosas y académicas. En su momento, las organizaciones señalaron que otorgar un permiso de explotación por más de 15 años, sin tomar en cuenta las condiciones de las cuencas y de los acuíferos y sin antes haber garantizado el acceso al agua para la mayoría de hogares del país, es una manera de privatizar dicho bien.
Los argumentos para modificar el artículo brindados por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, revelan que los intereses empresariales motivaron los cambios al artículo 61.“En virtud de la certeza jurídica de las inversiones, estábamos revisando que un plazo de vigencia (de cinco años) es menor que los plazos de créditos que se les dan a algunas empresas. Yo he sido empresario y los plazos normales de un crédito son entre siete y 12 años (…) Si nosotros diéramos un plazo tan pequeño como habíamos considerado previamente de cinco años, prorrogable a 10. La prórroga, también incluye incertidumbre jurídica”2, dijo el legislador. De hecho, en las sesiones de consulta realizadas por la Comisión ad hoc, las empresas constructoras, parte del sector industrial y los ingenios azucareros fueron quienes pidieron a los diputados que los permisos de explotación tuvieran una vigencia de entre 10 y 15 años prorrogables.
Con los argumentos dados por Guevara, queda claro que para el Gobierno, sus diputados y el resto de sus aliados, la “certeza jurídica” de las empresas es más importante que garantizar la conservación de los bienes hídricos y que garantizar el derecho al agua para las comunidades y hogares del país. También han quedado en evidencia los intereses que realmente defienden, que no son los de la mayoría de la población. Por ello, en realidad, la decisión de los diputados oficialistas y de sus aliados que conforman la Comisión ad hoc es totalmente coherente con el carácter extractivista y depredador de este Gobierno que no ha puesto mayores reparos al momento de otorgar permisos de construcción para complejos habitacionales de lujo en zonas de alta recarga hídrica3.
De igual forma, el pasado lunes 18 de octubre, los diputados oficialistas que conforman la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales enviaron al archivo, sin mayor discusión, una propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal. Dicha propuesta contemplaba la inclusión de un nuevo artículo que establecía la despenalización del aborto en tres causales: 1) cuando el aborto fuese realizado para salvar la vida de la mujer o persona gestante, 2) cuando el aborto fuese realizado debido a una malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina y 3) el aborto realizado cuando el embarazo fue producto de hechos criminales de violencia sexual. Cuando era candidato el ahora presidente Bukele sostuvo que era “provida” pero que solo estaba de acuerdo con el aborto en los casos de riesgo de vida de mujeres, y que “en su Gobierno no iban a asumir la presunción de culpabilidad de mujeres pobres que tuvieran abortos espontáneos, que es la mayoría de los casos de mujeres por las que estamos abogando libertad”4. Entre las causales que fueron archivadas, están precisamente las que entonces dijo el presidente.
Con esta decisión, Bukele se pone en continuidad con las posiciones de todos los gobiernos que le precedieron, como ha sucedido en otros campos de la vida nacional como la impunidad de la corrupción, la manipulación de la institucionalidad para fines partidarios y el nepotismo, por citar algunos. Independientemente de si se está o no de acuerdo con estas decisiones, la situación obliga a pensar que las posibilidades de diálogo y de incidencia en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa se han agotado. Aunque los movimientos y organizaciones sociales presenten sus propuestas y asistan a las sesiones de consulta en la Asamblea, sus propuestas no son tomadas en cuenta o solo se retoman aspectos más cosméticos que sustanciales. Cada vez es más claro que las decisiones ya se han tomado desde “arriba” y a espaldas de la población. En este contexto, es difícil dialogar con quien no escucha, con quien no tiene palabra y con quien ya ha revelado con claridad los intereses que realmente defiende. Ante esta forma de operar, no sorprende que las movilizaciones como las del 15 de septiembre o la del 17 de octubre sean cada vez más frecuentes y vayan tomando más fuerza a medida que se nutren de la articulación entre diversos sectores cada vez más descontentos con el actuar gubernamental. Tal parece que la movilización es el único camino que han dejado a la ciudadanía para hacerse escuchar. Ojalá el presidente, en vez de seguir proyectando sus complejos e inseguridades en Twitter, escuchara y atendiera por un momento las demandas de la población, aunque quizás ya sea demasiado tarde.
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Notas
1. Comisión revierte acuerdo y aumenta a 15 años el permiso de explotación del agua. Revista Gatoencerrado: https://gatoencerrado.news/2021/10/15/comision-revierte-acuerdo-y-aumenta-a-15-anos-el-permiso-de-explotacion-del-agua/
2. Ibidem.
3. Medio Ambiente da luz verde a la construcción del megaproyecto Ciudad Valle El Ángel. Revista Gatoencerrado: https://gatoencerrado.news/2020/11/06/medio-ambiente-da-luz-verde-a-la-construccion-valle-el-angel/
4. Periódico El País, 10 de marzo de 2019, entrevista de Carlos Salinas Maldonado a Morena Herrera. https://elpais.com/internacional/2019/03/09/america/1552099211_027441.html
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 66.
