A solicitud de 15 organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la democracia en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concedió una audiencia pública para abordar la desaparición de personas en el marco de la criminalidad y la seguridad militarizada en el país.
En la audiencia manifestaron que no es un fenómeno nuevo, sino que los registros de personas desaparecidas vienen desde el año 2002, pero desde el 2005 se registró el ocultamiento de cadáveres y, desde entonces, hasta el 2016 las autoridades reportaron al menos 238 fosas clandestinas, donde hallaron los cuerpos de personas reportadas como desaparecidas.
La desaparición de personas en El Salvador son producidas por pandillas, agentes estatales, por venganza entre particulares, ajuste de cuentas, violencia machista y violencia en el ámbito familiar.
A partir de 2019 las autoridades dejaron de reportar fosas clandestinas.
La comisionada, Margarette May Macaulay, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que la desaparición forzada de mujeres y niñas también es tema recurrente todos los años y, en efecto, este año en El Salvador.
La relatora de la CIDH ve que las autoridades son reactivas ante esta problemática y no planifican a futuro para eliminarla. Además, se pregunta por qué redujeron los homicidios, pero sigue la desaparición de personas.
“Siempre nos hablan de sus acciones reactivas, de sus planes reactivos y los diferentes organismos que establecen, pero por favor necesitamos acciones proactivas. No alcanza con la legislación porque la legislación sirve si se implementa tanto que hacer que reduce la ocurrencia del delito y no, eso no está pasando. Funcionó sí con los homicidios. Entonces, por favor explíquenos por qué no pueden hacer lo mismo en relación a las desapariciones forzadas porque el Estado demostró que lo puede hacer con el delito gravísimo del homicidio, pero por favor den alguna información con respecto al trabajo proactivo qué piensan hacer, si no es para eliminar este delito tan doloroso y grave por lo menos para reducirlo”, expresó Macaulay.
Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité contra la Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, recordó que el Estado salvadoreño no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas que entró en vigor en diciembre de 2010; 64 Estados son parte de la convención y 47 son signatarios de la misma. Sin embargo, El Salvador aún no ha ratificado dicha convención.
“¿Por qué es importante que se ratifique la convención? ¿Qué tipo de apoyo puede recibir El Salvador, en caso de que ratificara la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas? Es el primer instrumento de Derechos Humanos universalmente vinculante en materia de desapariciones forzadas y vino a colmar la laguna jurídica en el derecho internacional de los Derechos Humanos que obstaculizaba la protección efectiva de todas las personas contra este crimen. Al convertirse en parte de la convención, los Estados también muestran su apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas de todo el mundo que han luchado en los últimos 40 años”, detalló Villa.
En la audiencia de la CIDH también estuvieron presentes delegados del Estado salvadoreño, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del Instituto de Medicina Legal, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes expusieron las acciones implementadas para combatir la desaparición forzada. Elmer Castro, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destacó la recuperación de los territorios y la recepción de denuncias.
“Desaparición de personas forma parte de las prioridades de esta administración, por lo que efectivamente existe y está presente ese compromiso y está en proceso ponerse en marcha la instalación de ese compromiso de diálogo. Además, quisiera referirme a lo que manifestaba la señora relatora de país (CIDH) en todo el enfoque preventivo… Y desde su concepción, tanto el Plan Cuscatlán de la administración del presidente Nayib Bukele y la puesta en marcha del Plan Control Territorial se han concebido en prevención de la desaparición de personas”, explicó el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Las organizaciones presentaron un diagnóstico de la situación actual relacionada a las desapariciones, incluyendo un análisis de desaciertos de la respuesta estatal para prevenir, investigar, juzgar y sancionar este cruel crimen de forma independiente y expedita, así como la falta de mecanismos diligentes que garanticen la búsqueda y determinación del paradero de las personas desaparecidas. En la audiencia de la CIDH participaron representantes de Cristosal, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, de la Fundación para el Debido Proceso y de la Colectiva Feminista.
En la audiencia sobre la desaparición de personas en El Salvador representantes de organizaciones de la sociedad civil recordaron a la Presidencia de la República que la desaparición forzada de personas es un grave flagelo y se necesita no solo la coordinación de las instancias estatales, sino un diálogo fluido basado en la confianza y en la cooperación con organizaciones que conocen del tema.
