Esa es la pregunta que las iglesias, la academia y las organizaciones de la sociedad civil se hacen luego que los diputados de la Asamblea Legislativa finalizaran la pasada semana el estudio del anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos, sin tomar en cuenta las propuestas hechas por los diversos sectores. Se estaría beneficiando a los grupos económicos y no a los salvadoreños.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Mesa de las Iglesias, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua se concentraron en la Asamblea Legislativa para denunciar que se está legalizando la injusticia hídrica, favoreciendo la privatización, el robo y despojo del agua en los territorios.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, dijo que la ley apoyada por los partidos aliados del Gobierno busca beneficiar a los grandes grupos económicos del país que mercantilizan el agua.
Serrano añadió que el principio de participación ciudadana, de quienes garantizarían el derecho humano al agua, no existe en la ley, ha sido desplazado.
La semana pasada los diputados de la Comisión Ad hoc finalizaron el estudio de los 164 artículos del anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos sin tomar en cuenta las propuestas que las organizaciones ambientales y sociales brindaron, en el marco de la consulta que realizaron los parlamentarios.
La ley deja afuera a las Juntas de Agua, quienes se verán obligadas a pagar un canon y a renovar permisos cada 5 años, mientras que a las empresas se les concederá autorizaciones de uso del agua por 15 y hasta por 30 años sin que se les exija, al menos, un permiso ambiental, indicó Óscar Ruiz del Foro del agua.
Dalia González del Foro del Agua señaló que las mujeres son las afectadas de mayor forma, pues son las que más utilizan el agua y tal cómo está el contenido de la ley no se incorpora el enfoque transversal de género.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Mesa de las Iglesias, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua enfatizaron que la ley de Recursos Hídricos no garantiza el carácter público, ni el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Tampoco garantiza que el agua no será objeto de mercantilización.
La Ley además centraliza las decisiones en manos de funcionarios inexpertos y no crea instancias para la participación de la ciudadanía, pues no reconoce los Comités de Cuencas y el Comité Consultivo, ambas instancias propuestas desde las organizaciones de sociedad civil.
En consecuencia, la Ley de Recursos Hídricos carece de aspectos esenciales para la construcción de la justicia hídrica, la equidad y la sustentabilidad del agua en el país.
