Un aspecto central de la estrategia comunicacional del gobierno de Nayib Bukele es invisibilizar o minimizar aquellas problemáticas o realidades críticas que -si aparecieran en su justa dimensión en el debate público- afectarían su delicada imagen presidencial y harían que más personas salgan a las calles a protestar.
Una de estas realidades ocultadas por la propaganda bukelista es la corrupción. A pesar del cierre del acceso a la información pública y al control centralizado que ejerce Casa Presidencial sobre las demás instituciones del Ejecutivo y de otros poderes estatales, el periodismo investigativo ha revelado hechos que dan idea de una corrupción escandalosa y generalizada, sobre todo en el manejo de los fondos para la atención de la pandemia de COVID-19. Recordemos que antes de ser cerrada por el presidente Bukele y su fiscal Rodolfo Delgado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) presentó doce avisos de corrupción y asistió a la Fiscalía en otros veinticinco casos.
Otra realidad ignorada por la narrativa gubernamental es el drama migratorio de salvadoreños y salvadoreñas que huyen de la pobreza y la violencia, en búsqueda de mejores oportunidades o para reencontrarse con familiares que huyeron antes. Medios periodísticos y organizaciones pro migrantes calculan que entre 300 y 500 compatriotas salen a diario del país y se suman a caravanas de hondureños y guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos.
Bukele ni siquiera se pronuncia sobre esta grave crisis humanitaria que afecta a decenas de miles salvadoreños (entre ellos mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores y personas con padecimientos de salud) en las fronteras Guatemala-México y México-Estados Unidos y a lo largo del trayecto por territorio mexicano.
Finalmente, por cuestión de tiempo y espacio, solo una tercera realidad minimizada por el discurso de Bukele y sus secuaces: los desaparecidos y desaparecidas. Sobre esto no hay datos actualizados porque el gobierno ha decidido no darlos, pero hasta el 31 de agosto se contabilizaban 789 personas desaparecidas en el presente año, es decir, un promedio de 3.3. cada día.
Diariamente en redes sociales circulan desesperados avisos de desaparecidos, especialmente jóvenes y mujeres; y en la marcha de protesta del pasado 17 de octubre un reclamo fuerte era por la desidia e indiferencia gubernamental en este problema.
En este editorial y en los demás espacios radiales y digitales de la Red Informativa de ARPAS planteamos críticamente estas realidades ignoradas e visibilizadas por el gobierno de Bukele, y nos sumamos al reclamo popular sobre estos problemas graves y urgentes.
(ARPAS)
