Editorial UCA.
El octavo mandamiento de la ley de Dios de la tradición judeocristiana afirma: “No darás falso testimonio ni mentirás”. La norma busca regular las relaciones humanas para que estén fundamentadas en la verdad, lo que constituye la base para una sociedad en la que hay confianza y justicia. El falso testimonio puede conllevar graves consecuencias, como desprestigiar a una persona o un grupo, generar conflictos, condenar a personas inocentes. No en vano es obligatorio que todo testigo se comprometa a decir la verdad antes de testificar ante un juez: sin esa premisa, los testimonios no tienen ningún valor y no pueden ser tomados en cuenta.
La mentira hace daño tanto al que la dice como al que la recibe. A la persona que la recibe porque la información falsa le impide tomar decisiones atinadas y oportunas. A la persona que la emite porque a la larga acaba sin credibilidad ante los demás. El daño es mayor en la medida que mayor es la autoridad o cargo de la persona que miente, pues esa posición facilita que sus afirmaciones sean aceptadas como verdades. Ese potencial dañino se ha incrementado exponencialmente gracias a las redes sociales. Por ellas circula gran cantidad de mentiras y falsos testimonios que mucha gente, demasiada, da por ciertas sin ningún atisbo de duda.
En El Salvador, mentir se ha convertido en norma común de comportamiento de gran parte de las autoridades. Mienten con ahínco, a diario, a fin de hacer creer a la población que la realidad es distinta a como se percibe. Y como parte de esa estrategia, para evitar que las mentiras sean descubiertas, se oculta la verdad. De ahí la larga lista de temas y materias que han sido declarados como “información reservada”. Uno de ellos es el bitcóin. En diversas ocasiones y por diversos medios las autoridades han afirmado que la subida del precio del bitcóin ha generado varios millones de ganancia en el fideicomiso creado para su implementación como moneda de curso legal. Sin embargo, porque ha declarado reservada toda la información sobre los movimientos de dicho fideicomiso, no hay posibilidad alguna de averiguar si es cierto o no que hay ganancias. Si fuera verdad, se mostrarían las cuentas que lo evidencian. ¿Por qué un Gobierno tan afecto en exhibir logros ocultaría las pruebas de uno de ellos? La única respuesta plausible: está mintiendo.
Dar a conocer la verdad es una tarea que le corresponde por oficio al sistema judicial, pero también a algunas instituciones de la sociedad civil, como los medios de comunicación social y los centros de pensamiento. Por ello resultan tan incómodos para el poder abusivo y autoritario. Toda dictadura busca eliminar la independencia del poder judicial y silenciar a cualquier voz independiente y crítica, pues son obstáculos para mantener un estado de mentira y de ocultamiento de la verdad. A este respecto, el Gobierno salvadoreño se está retratando con crudeza.
EDITORIAL UCA.
