La sociedad salvadoreña es anacrónicamente violenta, suscrita a las relaciones de poder, las cuales por definición son excluyentes y marginales, por lo que incluso la movilidad social es casi una imposibilidad, que orilla a quienes aspiran a un mejor nivel de vida, digna y prospera, migrar ilegalmente, para que la siguiente generación pueda definitivamente mejorar sus condiciones, pero allá afuera, no en su terruño.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Tales niveles de exclusión se manifiestan tanto en la calidad de los servicios estatales como en la violencia social, donde los primeros no satisfacen las necesidades soberanas, sí aseguran la continuidad de las condiciones de desigualdad e inequidad existentes, y los segundos, son un efecto. Tomemos como ejemplo el tema de seguridad, concretamente el caso Chalchuapa.
El tal fue descubierto por la audacia de la última de las víctimas del asesino serial, la cual logro escapar brevemente y gritar ante la comunidad lo que ocurría en aquella vivienda, provocando la denuncia ciudadana del hecho; sin embargo y a pesar de su esfuerzo, para cuando finalmente la policía llegó al lugar también esta había sido ya asesinada, y el autor, muy teatralmente, se cortaba las venas con la intensión de generar condiciones de negociación que finalmente le beneficiaron cuando la propia FGR lo estimo como testigo criteriado. Otro ejemplo es el caso de los hermanos Guerrero, de quienes desde el primer momento se conocieron los pormenores, incluido los datos del principal sospechoso, pero siendo este detenido hasta dos meses después de sucedida la desaparición, presentado en senda rueda de prensa, mientras alegaba el ministro de seguridad pública: “…en El Salvador no hay desaparecidos, sino una campaña dirigida a desacreditar a esta oficina – seguridad pública – …”.
En ambos casos es manifiesta la negligencia, la falta de un plan ante la violencia y poca disposición para resolver los crímenes en cuestión, menos prevenirlos, y peor aún, negarlos institucionalmente, lo que es un hecho incontestable, que ha trascendido a nuestras fronteras y que hace patente cuan falsa es el discurso oficial relativo al tan publicitado plan de seguridad territorial, el cual solo existe en el “Cumus Uranus”, es decir en el mundo de lo virtual, que nos dispensa el ejecutivo en sus dispersas diatribas.
Sin embargo, apreciamos cuan veloces son los procesos afectos a los intereses de las élites, para la familia Dueñas para el caso, a la que incluso se le benefició para su proyecto habitacional desde el oficialismo, con 30 años de expolio del recurso hídrico sobre el terreno, a espaldas del soberano, mientras se sigue posponiendo la solución estatal del tema hídrico. Esto para comprender revisando el presente, que la violencia social rampante es de origen estructural, por lo que atacarla mediante planes de confrontación dispersos e insustanciales, no supondrá ningún progreso; empero abordarla como el fenómeno que es, multicausal, y desde una óptica multidisciplinaria, tendrá otros efectos, donde cualquiera con un dedo de frente recomendará primero desmontar el modelo económico, motor de la exclusión, para sustituirlo por otro viable y sustentable, que nos admita a todos, y no vuelva a excluir a nadie.
*Educador salvadoreño
