La última semana se hizo pública la persecución, captura y condena de líderes comunitarios, defensores del medio ambiente y del agua. El pasado 25 de noviembre, tres líderes comunitarios de la Hacienda La Labor, ubicada en Ahuachapán, fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en horas de la madrugada. Según reportes periodísticos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los líderes comunitarios de los delitos de ocupación violenta de espacios comunales, lugares de trabajo y habitaciones. Las tres personas capturadas denunciaron la perforación de pozos y la extracción de agua, aparentemente sin permisos legales, realizadas en la zona por la empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A de C.V (Urbanizadora Salazar Romero), una empresa que ha sido señalada por prácticas que han dañado severamente el patrimonio cultural y el medio ambiente. En 2019, la Inmobiliaria Fénix S.A de C.V construyó, sin contar con permisos ambientales, una residencial sobre el sitio arqueológico Tacuscalco, una zona que había sido declarada como patrimonio cultural1. Pero en El Salvador no se castiga al que depreda el medio ambiente sino al que lo protege.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán envió a prisión a los líderes comunitarios mientras sigue el proceso penal en su contra. El procurador adjunto de Medio Ambiente, David Sandoval, manifestó que la captura de estos líderes comunitarios está vinculada a la labor de defensa del agua que han realizado. El 30 de noviembre pasado también fue condenado a 8 años de prisión “Andrés”, un defensor del Cerro El Águila, ubicado en Juayúa, Sonsonate. En febrero de 2019, diferentes organizaciones y comunidades de la zona denunciaron la tala de cinco manzanas de bosque ubicadas en dicho cerro. Por otro lado, las juntas de agua y las organizaciones que exigen una Ley de Aguas con enfoque de derechos humanos también han sido desacreditadas por el Gobierno y por diputados oficialistas.
Lastimosamente, esta persecución y criminalización de los defensores del medio ambiente y del agua no es un hecho aislado. Incluso en el pasado ha habido defensores medioambientales asesinados por oponerse a la minería metálica. Sin embargo, estos hechos recientes de persecución y criminalización de defensores del medio ambiente están enmarcados en un contexto especialmente preocupante, pues desde el gobierno se promueve con mayor ahínco una lógica extractivista y depredadora de los bienes naturales del país. El neoliberalismo, con su cara más cruel, la extractivista, tiene dos víctimas principales, el medio ambiente y la población más pobre. El mismo presidente de la República, y algunos de sus diputados, han afirmado públicamente que no se puede dejar de construir casas porque eso es equivalente a detener el “desarrollo”. Apenas iban 100 días de la gestión de Bukele cuando el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, anunció en una reunión en Casa Presidencial que su cartera había agilizado los trámites de permisos ambientales que habían quedado “estancados” desde el anterior gobierno. “Encontramos también un ministerio que tardaba años en otorgar o denegar los permisos ambientales y, en muchos casos, no daban respuesta. Detuvieron la inversión, frenaron el desarrollo, ahuyentaron el capital y lo peor es que condenaron el medio ambiente” dijo el ministro López en julio de 2020.2
Quizás el episodio más reciente de esta lógica es la llamada “Bitcoin City”, que no es otra cosa más que una especie de Zona Económica Especial (ZEE), que podría implicar el desplazamiento de las comunidades y la explotación de los bienes naturales de la zona sin ningún tipo de restricción. Pero hay otros ejemplos: el otorgamiento del permiso ambiental para construir un mega proyecto habitacional sobre Valle El Ángel, Apopa, una de las zonas de mayor recarga hídrica de San Salvador, el proyecto de minado de bitcóin con energía geotérmica, y la promesa de los mega proyectos del Tren del Pacífico y el Aeropuerto de Oriente, de los cuales se desconoce sus posibles impactos sociales y ambientales.
De igual forma, el 28 de noviembre pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció la visita de especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF). Según el MARN esta visita se desarrolla “como parte de una asistencia técnica para coadyuvar el desarrollo económico, mediante el aprovechamiento del potencial minero no metálico que posee el país. En este esfuerzo, para determinar la explotación en canteras de recursos básicos para la industria de la construcción, participan los ministerios de Medio Ambiente; de Economía [a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas]; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; así como representantes de sector privado, sociedad civil y la academia”3. La nota del Ministerio lo dice claramente, el objetivo de la visita de estos especialistas es analizar la posibilidad de extraer materiales para la industria de la construcción, un hecho que no deja de ser preocupante, dadas las condiciones de vulnerabilidad de nuestro país.
Queda claro, hoy más que nunca, que es necesaria la labor de los defensores y defensoras del medio ambiente y del agua, pues El Salvador es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Ante ello, es urgente que el Estado reconozca la labor de estas personas y cree un marco legal que les proteja. Desafortunadamente, al Estado parece no preocuparle mucho este tema, ya que está más enfocado en la promoción del “desarrollo económico”, aunque ello implique la devastación de nuestro territorio.
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Notas
1. Ver nota de Revista Gatoencerrado: https://gatoencerrado.news/2019/04/25/marn-permitio-la-construccion-ilegal-de-acropolis-sonsonate/
2. Ver nota en: https://marn.gob.sv/discurso-del-ministro-fernando-lopez-ante-la-asamblea-legislativa-en-presentacion-del-informe-de-labores-2019-2020/
3. Ver nota en: https://marn.gob.sv/el-salvador-recibe-a-especialistas-del-foro-intergubernamental-sobre-mineria-minerales-metales-y-desarrollo-sostenible/
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 72.
