Amenazas, acoso y persecución a defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad es el reflejo de una criminalización por exigir transparencia. Es la reflexión de Ruth López, abogada de la organización Cristosal, en el marco de la presentación del diagnóstico sobre el estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador 2021.
“Señaló que en nombre de los salvadoreños actualmente se está ocultando información. En el nombre de la población salvadoreña se está abusando del poder, limitando sus propios derechos. La ciudadanía tiene derecho a saber y a actuar en consecuencia. Las organizaciones, al igual que lo hicieron en el pasado, seguirán reclamando la transparencia de este y de cualquier otro gobierno futuro”, explicó la abogada.
López no descarta que las decisiones que están tomando los funcionarios, en nombre del pueblo, tengan consecuencias que afecten a los ciudadanos.
Por otra parte, Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, DTJ, enfatizó en que se percibe un debilitamiento del Estado de derecho y un retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia. No hay voluntad política que permita revertir los daños que están causando las decisiones gubernamentales. “Cada año, cada mes, cada semana está sufriendo graves retrocesos. No se vislumbra voluntad política, para impulsar cambios que permitan enfrentar estos desafíos. Se deteriora cada vez más el sistema de frenos y contrapesos ante la cooptación de instituciones de control, esto ha incrementado abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales”, amplió Hernández.
En el informe sobre el Índice de Percepción de la Transparencia, El Salvador está reprobado y según el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, el país ha bajado 8 puntos. Sumado a ello, existe una Fiscalía servil al órgano Ejecutivo, que ha deteriorado el trabajo de la Unidad Anticorrupción. El Instituto de Acceso a la Información Pública también ha sufrido retrocesos en la falta de independencia y se ha vuelto una institución irrelevante, señala parte del diagnóstico.
Omar Serrano Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, señaló que la transparencia es parte fundamental de un gobierno democrático. “Mientras más democrático se diga un gobierno es más transparente. Se enojan porque uno dice que no tenemos un Gobierno democrático, pero que lo demuestren siendo transparentes. En materia de asuntos públicos la transparencia es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos que tenemos. La transparencia, frente a la idea del secreto y la reserva, refuerza el carácter democrático de cualquier administración pública, ya que queda sujeto al control ciudadano”.
Un gobierno transparente permite el control ciudadano y no reserva la información pública como sucede actualmente, afirmó Serrano.
Por su parte Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, reforzó la idea de que el acceso a la información pública permite la participación ciudadana. Es preocupante que las grandes decisiones se tomen sin esa participación de la ciudadanía y sin respaldo técnico, señala Castaneda.
“Es indispensable que todas las instituciones públicas cambien su actuar y reconozcan que la mejor fórmula para luchar contra la corrupción es una dosis de transparencia y de participación ciudadana”, insistió Castaneda.
Ante la exigencia que hacen los funcionarios a las organizaciones de la sociedad civil a ser transparentes, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana hizo un llamado al partido Nuevas Ideas a dar el ejemplo y transparentar el financiamiento de su campaña política.
