Editorial UCA.
La justicia es entendida y reflexionada, desde hace siglos, como una actividad racional, muy diferente a la venganza. Sin embargo, hay quienes insisten en identificar una con otra. Por supuesto, toda persona tiene derecho a pensar lo que desee, pero ningún Estado moderno, civilizado y democrático puede tolerar que el sistema judicial sea utilizado vengativamente. En El Salvador, la idea de justicia como venganza está muy extendida entre la población y en el Estado. El uso exagerado, muchas veces manipulado, de los testigos criteriados y el aumento de las penas son dos muestras de cómo en el país se aplica la justicia en beneficio del más fuerte e influyente. En los últimos meses, además, se han dado pasos claros para usar la justicia para la venganza política.
Se está convirtiendo en tradición cambiar decisiones judiciales que favorecían con medidas sustitutivas a políticos acusados de delinquir. Además, algunos capturados por delitos de muy difícil sustentación son tratados con extrema dureza antes de ser condenados. Encarcelar, aislar y favorecer la apariencia de culpabilidad es la tendencia judicial desde el primer momento en que se acusa a miembros de partidos políticos que estuvieron en el poder. A esto se suma la arbitrariedad. Por ejemplo, mientras a algunos políticos se les encarcela por haber recibido sobresueldos, a otros se les deja en total libertad. Resulta escandaloso que solamente se acuse o investigue a aquellos que de alguna manera pudieran ser críticos u opositores al Gobierno actual. Ello explica que se esté extendiendo la idea de que de nuevo hay presos políticos en El Salvador, como antaño.
A juzgados cercanos al Ejecutivo se les está dando la orden de que investiguen posibles problemas legales que hayan tenido en el pasado tanto políticos como miembros e instituciones de la sociedad civil. Lo que interesa es usar la información para desprestigiar o reabrir casos, por dudosos que sean, contra cualquier persona o institución que sea crítica. Si prohibir la visita familiar a los privados de libertad es de por sí una violación grave de los derechos humanos, aislar a los políticos encarcelados muestra una muy clara voluntad de venganza. Por la pandemia, la visita familiar podría limitarse en número de días o cantidad de visitantes, pero prohibirla absolutamente violenta derechos básicos y rompe con compromisos constitucionales y convencionales de El Salvador. Suprimir la visita familiar es una forma eficiente de dañar psicológicamente a los privados de libertad y dificultarles la rehabilitación en el caso de que fueran culpables de algo.
Convertir la justicia en venganza puede conducir a una espiral de odio, resentimiento e inhumanidad crecientes. Solamente los hombres y mujeres capaces de ver en toda persona, incluso en alguien que ha hecho un daño, a un ser humano con derechos pueden poner un alto a la locura de la justicia entendida como venganza, tanto con su palabra como con su compromiso con la dignidad humana.
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