El papa Francisco se ha referido a la corrupción como un gravísimo mal, un virus o un cáncer que lo infecta todo, destruye el tejido social y afecta principalmente a los más pobres y al medioambiente. En este sentido, afirmó: “La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos”.
El Salvador está infectado con este virus, está enfermo de este cáncer destructivo. Tanto el pasado como el presente están manchados por la corrupción, en múltiples y diversas formas. Miles de millones de dólares han sido sustraídos de los fondos públicos para engrosar los bolsillos de gobernantes, funcionarios, políticos, comerciantes, empresarios, ciudadanos y grupos de mafiosos. Miles de millones de dólares que debieron haber servido para la mejora de los servicios públicos, para elevar la calidad de la salud y la educación, para construir infraestructura que posibilitara un mayor y más equitativo desarrollo nacional.
No hay que caer en la trampa de pensar que únicamente los políticos y los funcionarios son los únicos corruptos y responsables de la corrupción. Esta se da en todos los sectores de la sociedad y en distintos ámbitos. Corrupción es pagar para obtener un favor de una autoridad o un funcionario, o para lograr un negocio con el Estado. Corrupción es utilizar bienes públicos para fines personales; evadir impuestos; vender al Estado bienes y servicios a precios más altos que los del mercado.
Tan encarnada está la corrupción en el país que se acepta como normal, como propia de la dinámica del funcionamiento de la cosa pública y de las relaciones entre los funcionarios y la ciudadanía. Y mientras esto sea así, no se logrará superarla, no será posible alcanzar una cultura de cero tolerancia a la corrupción. En la construcción de dicha cultura juegan un papel fundamental las familias y el sistema educativo; instituciones que tienen el deber de fomentar los valores que son fundamentales para erradicar la corrupción: honestidad, transparencia, responsabilidad, integridad. Para prevenir este flagelo es también fundamental la transparencia en el quehacer de las instituciones y en el uso de los fondos públicos.
Más por presiones internacionales y de la sociedad civil organizada que por convencimiento propio, en las últimas décadas El Salvador creó mecanismos que, de haberse aplicado correctamente, hubieran impedido o al menos dificultado la corrupción, y facilitado la persecución legal de corruptos y corruptores. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Bolsa de Productos y Servicios, los portales de transparencia y las oficinas de información pública son algunos de esos mecanismos. Lejos de ponerlos plenamente en funcionamiento, la administración actual los ha vuelto irrelevantes.
La lucha contra la corrupción requiere que se controle el uso de los fondos públicos y se sancionen los comportamientos indebidos. Las instituciones que en el país deberían velar por ello son el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Hoy día, ninguna de ellas realiza su tarea con la seriedad y la competencia necesarias para disuadir el delito y llevar ante los tribunales a los corruptos. Han sido cooptadas o neutralizadas desde Casa Presidencial para evitar el escrutinio de su gestión. Así, El Salvador ha retrocedido con celeridad en la lucha contra la corrupción; deliberadamente se han tomado acciones que facilitan la corrupción en lugar de combatirla.
En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, es bueno recordar que el histórico déficit de El Salvador con respecto a este tema no ha hecho más que profundizarse. Como afirmó el Papa Francisco, luchar contra la corrupción “implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.
Editorial UCA.
