Es un fundamental derecho constituyente de los estados democráticos, en el que tanto el libre pensamiento, de reunión, de expresión, de disensión, se manifiestan congregando a la ciudadanía que así se expresa contra lo opuesto no solo al interés general como particular, pero, además, contra la institucionalidad que así admite y promueve tales derechos.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández
Debemos subrayar el que, si bien estos constituyen privilegios ciudadanos, no lo son en un sentido de regalía, puesto que poder protestar ha costado abusos, atropellos, arbitrariedades, violaciones, y en última instancia, vidas ciudadanas, sacrificadas por regímenes autoritarios para negarse a las demandas ciudadanas.
Tales costes constituyen el valor mismo del derecho en cuestión, que así retribuye en una ciudadanía consciente, su demanda y reclamo civil ante las autoridades para enmendar lo que mal funciona. Entonces el que ahora padezcamos de un estado seudo policial, en el que buen porcentaje de la sociedad teme expresarse por las diferentes regulaciones generadas desde el actual régimen para negarle e impedir al soberano vigilar sus intereses, supone un retroceso a lo logrado en los años que le siguieron a la firma de los acuerdos de paz.
Los años en cuestión no supusieron el Edén que todos esperábamos luego de finalizado el conflicto, pues los acuerdos de paz no resolvieron las causales del conflicto mismo, por lo que constituye un lastre para la democracia que queremos construir.
En esta los privilegiados conservaron sus privilegios y los descalzos continuaron siendo descalzos, manteniéndose la institucionalidad al servicio de perpetuar las condiciones que promovieron el conflicto, favoreciendo siempre a las élites en detrimento del soberano.
Así las cosas, la legalidad no se ha hecho sentir sino solo en el papel, lo que hace del estado uno también de papel, siempre dispuesto por ley a favorecer a los de siempre.
Por supuesto ello derivó en el cansancio que la inoperancia de la institucionalidad ha degenerado, en el que la desidia y la corrupción se encuentran siempre a la orden del día, favoreciendo así el arribo del presente gobierno, el mas populista y corrupto que la historia reciente recuerda.
Esta procura por los medios a su disposición impedir la protesta ciudadana, intentando negar, por ejemplo, a los ciudadanos el libre desplazamiento desde el interior de la República a la marcha del pasado domingo, reteniendo en las diferentes carreteras probablemente hasta 5, 000 ciudadanos, a los que impidió su derecho.
Otro medio utilizado por el régimen son sus troles, quienes se vaciaron distorsionando y deformando la información del evento, denigrando a los asistentes de la misma, descalificándolos y reduciéndolos a simples “sátrapas del imperio” al cual tales troles si sirven.
Como sea, y de acuerdo a la fuente consultada, el domingo se reunieron entre 15 y 20, 000 ciudadanos que se congregaron para rechazar las políticas adelantadas desde el gobierno central, como su campaña pro impunidad y corrupción, que anulara a la institucionalidad, favoreciendo al círculo presidencial, dejando por fuera al soberano, al cual desollé y silencia.
Y ya sabemos; más valdría escuchar la protesta ciudadana.
