Comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales reclamaron nuevamente esta semana por el retraso injustificado de la aprobación de la ley de agua, una normativa necesaria y urgente que -sin embargo- no es prioridad para el gobierno y su asamblea legislativa.
Vale recordar que el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Recursos Hídricos el 18 de junio de este año y le impuso a la Asamblea un período máximo de 90 días para aprobarla, es decir, la normativa debía estar lista a más tardar a finales de septiembre, pero este plazo fue incumplido. El 21 de octubre la bancada oficialista anunció el fin del estudio de la propuesta, pero nunca la llevó al pleno legislativo.
Además del retraso, el Foro del Agua y la Alianza contra la Privatización del Agua denuncian el carácter privatizador y excluyente de la ley que el oficialismo quiere aprobar. La normativa, por ejemplo, prioriza las concesiones de las empresas que comercializan agua sobre el uso doméstico de la población y desconoce a las Juntas de Agua. Las organizaciones denuncian que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta, pero sí las del sector privado.
La no aprobación de una ley de agua confirma que no es prioridad para el gobierno y sus diputados cumplir el derecho de la población de acceder al vital líquido. Lo confirma también la celeridad con que el oficialismo aprueba otras leyes como la de expropiaciones o la que retoma la minería metálica que había sido proscrita definitivamente en 2017.
La negativa bukelista de avalar la ley de agua, además, demuestra que tampoco hay interés por resolver la crisis ambiental. En vez de enfrentar el grave deterioro ecológico, el gobierno otorga permisos a proyectos urbanísticos depredadores del ecosistema y promueve leyes como las que mencionamos antes: la de expropiaciones cuyo objetivo sería desalojar a comunidades de lugares donde se harán proyectos turísticos o “ciudades privadas” y la que pone otra vez al país frente al peligro mortal de la explotación minera.
Tal situación solo podrá revertirse si la población toma conciencia de su derecho al agua, a un medioambiente sano, a la salud y la vida.
Ojalá la demanda de aprobar la ley de agua y el rechazo a las nuevas leyes de expropiaciones y de minería vayan en ascenso hasta obligar al gobierno y sus acólitos parlamentarios a rectificar, porque si no las consecuencias para la gente -sobre todo la más desposeída- serán nefastas.
(ARPAS)
