Por Leonel Ibarra.
Advierten que petición sindical de crear una pensión no contributiva tendría un costo anual para el Gobierno equivalente al 18.4 % del PIB. Analistas recomiendan aumentar la cobertura de los cotizantes.
«Estamos planteando una pensión universal en la que se incluyan adultos mayores, mujeres de hogar y trabajadores por cuenta propia», decía en noviembre Maricarmen Molina, secretaria general de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador (CSTS), sobre algunas de las aspiraciones de los sindicatos salvadoreños presentados ante el Presidente de la República, Nayib Bukele, para construir una reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).
Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Roswal Solórzano, ha reiterado que su propuesta es «nacionalización de las pensiones, crear el Instituto Nacional Autónomo Previsional y que nos pensionemos con un 70 % de nuestro último salario cotizado».
Desde que el Presidente Bukele anunció en septiembre pasado que se realizaría una modificación al SAP, las organizaciones de los trabajadores han dicho que desean «garantizar pensión para millones que no tienen nada» y «que todos los adultos mayores de 65 empiecen a recibir al menos una pensión promedio del sistema antiguo del ISSS».
En El Salvador, dice Carlos Pérez, economista y experto fiscal, las pensiones del SAP tienen tasas de reemplazo que no pasan del 30 % del salario básico, aunque un grupo recibe tasas de hasta 75 %, «lo cual reafirma la desigualdad del sistema».
A juicio de Salvador Valdés, experto en política de pensiones y asesor del Banco Mundial, la universalidad que plantean los sindicalistas «es una bonita aspiración», pero «es demasiado cara» con un costo fiscal «gigantesco».
Hay que tomar en cuenta que las pensiones de seguridad social se dividen en contributivas y no contributivas. En el caso de las primeras son el actual SAP y las no contributivas son las pensiones mínimas y asistenciales.
¿Cuál sería el costo de este objetivo de una pensión universal no contributiva? Según la pirámide poblacional del Ministerio de Salud, actualmente las mujeres de 55 años y hombre de 60 años en El Salvador asciende a 912,853 personas por lo que otorgarles una pensión mensual de $414 equivaldría a $4,535 millones al año, igual al 18.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y este número de personas crecerá en el tiempo.
Otra posibilidad, señala Valdés, es un financiamiento por reparto, es decir, la pensión contributiva, pero por reparto en la que se reunen las aportaciones de cotizaciones para dar una pensión universal.
Si se toma de ejemplo la recaudación del SAP de agosto 2021 y se multiplica por 12 meses es igual a $1,064 millones al año. No alcanza para cubrir los $4,535 millones necesarios para dar esa pensión mensual que los sindicalistas piden.
Esto se debe a las grandes interrupciones en la cotización en El Salvador y baja cobertura de cotizaciones pues el número de cotizantes en cada mes de la Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza de trabajo es equivalente al 26.3 %. En otras palabras, apenas cotiza uno de cada cuatro trabajadores.
Los expertos señalan que dada la alta informalidad de la estructura productiva del país lleva a que la mayoría de la población no goce de estos beneficios.
«En países emergente es normal, pero El Salvador está en un rango todavía más bajo porque en México es del 44 %, en Brasil ronda el 50 % y Chile es 60 %», explica el experto que participó en un foro organizado por Membreño Consulting.
Opciones
La solución implementada por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tener pensiones más viables ha sido elevar la cobertura de cotizaciones por sobre el rango del 70 % a 80%.
De esta manera, como resultado de triplicar la recaudación en El Salvador (pasando de los actuales 767,528 cotizantes a 2.3 millones), el reparto permitiría financiar una pensión de $481 al mes para todos los de 65 años en adelante.
Otro aspecto a tomar en cuenta es, según parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para obtener una «pensión completa» el trabajador necesita cotizar durante al menos 30 años, situación que no se cumple en el país.
¿Podría la capitalización reparar las grandes interrupciones de años no cotizados? «No, es imposible», dice tajantemente Valdés. Si se imagina que ya se construyó un fondo de pensiones grande y que su ingreso de intereses, de 4 % real, fuera sumado a las actuales cotizaciones, para dar pensiones, el fondo requerido sería de $47,550 millones, equivalente al 200 % del PIB.
De nuevo, insiste Valdés, la única solución conocida en el mundo es aumentar la cobertura de cotizantes.
A juicio de Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de FUNDE, si bien existen demandas justas que las pensiones no cumplen los niveles necesarios, hay un fuerte interés de los sindicatos para impulsar esta reforma que son cotizantes obligados (que pasaron del sistema público al nuevo de las AFP) que están entrando a la fase de jubilación y «quieren una pensión parecida a la que alcanzaron los optados, sin mayor interés del impacto previsional o fiscal que esto tendrá».
Los analistas coinciden en que El Salvador tiene una larga historia de reformas de pensiones desde 1996, pero siempre han existido puntos que se han dejado de lado y se prioriza el ámbito fiscal.
Si el Estado salvadoreño busca obtener recursos por medio de reducir el grado de capitalización del SAP, hay que señalar que el 80% de los fondos están invertidos en títulos de gobierno.
Sumando ambos fondos de pensiones, el monto fuera de instituciones públicas es de $2,615 millones. De eso, $755,4 millones está en depósitos de la banca.
Aunque es difícil, los expertos que participaron en el foro de discusión realizado por Membreño Consulting coinciden en que se vuelve necesario realizar varias reformas paramétricas al SAP que orientadas a su sostenibilidad y un mayor flujo mediante aumento de los años cotizados de hombres y mujeres y falta aplicar la institucionalidad.
Fuente: El Economista.
