Luego de la última marcha ciudadana, la cuarta, ocurrida el domingo 16 de enero pasado, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, se manifestó en rueda de prensa descalificándola, alegando que los miles de ciudadanos participantes habrían sido sobornados con entre $20 y $30 cada uno.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
La prueba presentada por el señor Argueta ante la prensa nacional e internacional fue: “…la información es pública…”.
Por otro lado, como en las tres ocasiones anteriores, también ahora el oficialismo acuso a terceros de ser los instigadores ulteriores del evento, financiando y entregando los medios para transportar a los incautos que habrían sido captados para participar de esta conspiración.
La diferencia es que ahora el señor Argueta sugirió que los responsables habrían sido los principales partidos de la oposición, mientras en las tres ocasiones anteriores habría acusado a gobiernos extranjeros.
La constante es la afirmación oficialista de asegurar que “…la información es pública…”, es decir la evidencia está constituida por, “…dicen, que dicen, que quizás dijeron, que quizás pasó…”. Fácil.
Ante tan aplastante argumento del letrado presidencial no queda sino asentir, aceptar, que como dicen, quizás pasó.
Ahora bien; el señor Argueta comienza a acostumbrarnos a que en cada ocasión que nos deleita con sus opiniones y leguleyadas, atenderemos de fondo axiomas como este, tan evidentes que no necesitan demostración, solo su particular respaldo.
Un fiel reflejo de lo que además es un culto en CAPRES: “…atiendan porque lo digo yo…”.
El problema con ello es que tales afirmaciones relativas a terceras naciones que se entrometen en nuestros asuntos, deben ser sustentadas con evidencia, porque implican una cruda e ilegal intromisión en asuntos internos de nuestra nación, que es soberana, para elevar la debida protesta y acusación en contra de ellas, en los foros internacionales debidos, la ONU y la OEA.
Si por otro lado son partidos o individuos que en su condición particular asumen el papel de agentes de poderes extranjeros, la tal evidencia sustentará el debido proceso judicial en su contra por traición a la patria.
Si, por otro lado, el señor Argueta, en su papel de asesor presidencial solo lo señala para prevenir a los responsables por la supuesta falta a la dignidad soberana patria, entonces es él, en su condición de oficial del estado salvadoreño, quién falta a su responsabilidad al no promover el debido proceso judicial contra los supuestos agentes, por lo que debería ser procesado por omisión, sentando el debido precedente.
Si en cambio su papel es el que conocemos, el de matón jurídico, amenazando como es su costumbre hacer, sin sustentar jurídicamente sus argumentos, reduciéndose a apoyarse con apenas el que dirán de la calle, pues entonces es sin duda un funcionario puro de esta administración, uno mas que solo se hace eco sin reflexionar de la narrativa falsa e incoherente que nos llega desde la presidencia.
Entonces no es desconociendo a la oposición ciudadana o denigrándola como se resolverá la crisis generada desde el ejecutivo, sino reconociéndola, dialogándolo, y retornando a la legalidad constitucional.
*Educador salvadoreño.
