Por: Saúl Baños*
Hay datos que dan cuenta que entre 2002 y 2004 se inició con las prácticas de fosas o cementerios clandestinos en la historia reciente de El Salvador. Uno de los primeros casos que acaparó la atención mediática, fue el hallazgo en 2005 de los cuerpos de varias personas en un cementerio clandestino de la Comunidad Iberia, de San Salvador.
Entre 2005 y 2013 la Fiscalía General de la República reconoció haber trabajado en alrededor de 80 cementerios clandestinos, mientras que entre 2014 y 2016 las autoridades identificaron 158 cementerios clandestinos donde yacían cuerpos de centenares de víctimas, muchas de las cuales habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Alrededor del 70% de estos sitios fueron localizados con el apoyo de pandilleros a quienes se les otorgó el criterio de oportunidad.
Esa oprobiosa práctica, lamentablemente, no se ha podido controlar por los distintos gobiernos hasta llegar al actual.
Las autoridades se han venido negando a revelar el número de cuerpos que han sido exhumados en las fosas encontradas en los casos de Chalchuapa, que se conoció en 2021; y en los casos más recientes como el de la fosa encontrada en el municipio de El Paisnal, departamento de Chalatenango; y también el del municipio de Nuevo Cuscatlán.
Este último caso se conoció desde el año pasado y las investigaciones han trascendido hasta el 2022. Un medio de comunicación publicó el viernes 4 de febrero de 2022 que en esa fosa había cerca de 26 cuerpos, esto según información brindada por el Ministro de Seguridad.
Teniendo conocimiento de esta información, es válido preguntarse qué tan confiables pueden ser las cifras sobre homicidios que las autoridades están revelando.
Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, en el mes de enero de 2022 se tuvieron 78 homicidios, y se dijo que la cifra era menor comparada con la que se registró en el mismo periodo de 2021, cuando hubo 115 homicidios. El mensaje que se manda desde la oficialidad es que el Plan Control Territorial es cada vez más efectivo.
Pero ¿Qué tan confiables pueden ser esas cifras si se contrastan con estos casos de personas no identificadas encontradas en estas fosas?
La respuesta obvia es que las cifras cambiarían, y por tanto, nos están dando información imprecisa, es decir que no es cierta.
Incluso, se puede poner en tela de duda la frase con la que se asegura que en el país hay días con cero homicidios. Pues no hay que olvidar que ese slogan viene siendo usado desde allá por 2013 cuando el ahora presidente de la República era alcalde justamente de Nuevo Cuscatlán. Es de recordar que en enero de 2014 él tuiteó que en todo el 2013 hubo cero homicidios en ese municipio. Ahora vemos que como presidente ha retomado el mismo slogan pero lo aplica a todo el país diciendo que se tienen días con cero homicidios.
Sin duda, el problema de la desaparición de personas es sumamente complejo y no va a desaparecer mientras el Estado no reconozca el fenómeno de las desapariciones de personas como una de las principales amenazas a la vida y seguridad de la población salvadoreña, y mientras no adopte una política nacional de prevención, búsqueda y reparación integral de las víctimas de desaparición. Además de la política, o como parte de ella, se deben tomar otras medidas como:
Garantizar una investigación diligente, objetiva e imparcial que permita localizar e identificar a todas las posibles víctimas.
Solicitar la asistencia técnica de entidades especializadas en materia forense, pues con tantos cuerpos encontrados en las fosas, es posible que el personal con que se cuenta no dé abasto y posiblemente no se estén siguiendo los procedimientos de manera adecuada.
También, la Asamblea Legislativa debería retomar la discusión y el estudio de las diversas propuestas de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentadas recientemente, incluyendo la propuesta analizada en la legislatura anterior.
En la discusión y formulación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser considerada la consulta a los Comités y grupos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos, principalmente aquellas que atienden víctimas de la desaparición.
Además, debería definirse una estrategia comunicacional que provea mecanismos de rendición de cuentas y transparencia a la opinión pública, a los medios de comunicación; en torno al avance y resultados de las investigaciones.
En la medida en que no se reconozca el problema, su complejidad crecerá y su atención será mucho más difícil; así también crecerán las amenazas a la vida y seguridad de la población salvadoreña.
*Abogado, Defensor de Derechos Humanos.
