La cadena de suministros ha sufrido un deterioro considerable que ya no dispone de la fluidez para trabajar con la oportunidad y justo a tiempo, elevándose los costos de todo lo que implica producir.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
La situación de la economía doméstica y empresarial luego del cierre, y las medidas de Bio seguridad para salvaguardar la vida, han tenido como consecuencia una paralización de la oferta de bienes y servicios, implicando que los precios de bienes y servicios se incrementen, y se presenten retrasos para cumplir con una demanda que va presionando, exigiendo bienes y servicios para el mercado y a la base personas trabajadoras mejores condiciones materiales de existencia.
Las empresas sometidas a la lógica de mercado, no han podido organizar el trabajo que dé respuestas efectivas y eficientes, de tal manera que los diferentes procesos productivos se encaucen en una diferente lógica; ahora están sufriendo el incremento de costos, el encierro implicó una serie de problemas en la microeconomía de la gente trabajadora, y solo ciertas actividades económicas incrementaron sus ganancias, como las comunicaciones cable de tv, noticias, teletrabajo, redes sociales, audio-vídeos, celulares, computadoras, tablet, etc; y las actividades de producción de alimentos para humanos y animales, en mucho se agotaron existencias.
El transporte era vital, pero al restringirse tanto en lo aéreo, terrestre y marítimo (80% se mueve por esta vía), sufrió consecuencias graves que aún no se corrigen y se normalizan a cabalidad, la paralización económica trajo el agotamiento de mercancías; la provisión y entrega para nuevos pedidos se vio impactada negativamente. Como consecuencia de todo esto la vida de las personas se vio fuertemente afectada en su realidad diaria—esto implicó reducciones de ingresos por diferentes factores: salarios afectados, en una contracción económica que aún no se recupera, no pago de prestaciones en su totalidad o parcialmente, y con ello la disminución de derechos humanos.
Los contratos individuales de trabajo de actividades económicas que estaban restringidas o no se desarrollaban con normalidad se terminaron o se suspendieron sin el debido proceso, lo que implicó para la persona trabajadora una plena desestabilización en el hogar, al reducirse drásticamente sus ingresos—los servicios públicos se desfasaron en su deuda, pues no había ingresos para cancelarlos.
El poder adquisitivo y la continuidad del pago salarial se vieron gravemente afectados. Ahora la situación es generalizada, y está siendo encauzada a la lógica económica antes de la pandemia, sin embargo, las empresas al no vender y producir en una lógica de acumulación por un tiempo determinado, terminó con cerrar el negocio para unos sectores económicos mucho más afectados que otros. Como consecuencia se generaron deudas personales, familiares y colectivas que aún no se pueden pagar y siguen acumulándose y presionando, es importante destacar los negocios familiares y de grupos económicos de capital micro y pequeña empresa, que contienen una mayoría laboral.
Atrasos salariales, así como de prestaciones negadas y/o disminuidas afectaron y aún afectan la continuidad de una vida laboral de subsistencia—esas medidas empresariales pretenden resarcir algunos costos a las empresas, sin embargo, tiene una diferente afectación para las personas trabajadoras y para quienes se ven envueltas en estas medidas, por cuanto su impacto es mucho más destructivo y devastador.
La política pública para esta situación económica, no se tiene, y aquellas medidas paliativas de provisión de alimentos, subsidios focalizados de $300 usd, no llenaron las necesidades integrales del hogar, los que recuperaron su ocupación posteriormente no han podido alcanzar una subsistencia y su estatus de endeudamiento ha incrementado los niveles de pobreza, cuestión que mantiene un desequilibro en la justicia administrativa y judicial, por cuanto la misma situación laboral y económica mantiene dichos servicios públicos, en un atraso, una falta de cumplimiento y prontitud en la resolución de conflictos. Como resultado la interposición de denuncias para la defensa de derechos humanos y para exigir justicia social, no viene fácil ni se resuelve.
Nuevas cepas de covid19, alcanzan niveles alarmantes de ausencia y estrés laboral, de afectaciones a la salud, lo que da pie a incapacidades periódicas, las empresas quieren recuperarse rápido, pero a costa de las personas trabajadoras, pero ese proceso de ausentismo y recuperación de la salud, mantiene hasta hoy retrasos en la oferta. Por ende, hay disminución de la capacidad adquisitiva y las actividades de subsistencia se encuentran deterioradas y desbordadas.
La implicación de todo esta situación político-social en el marco de las relaciones laborales, somete a una relación de imposición de una parte a la otra, de falta de un diálogo social equilibrado y justo, la protección social se ha ido decantando, y mantiene una alta exigencia sin resolverse a cabalidad, el gobierno no ha logrado establecer una economía—modelo— que redunde en la conservación plena de los empleos, la creación de nuevos empleos y la consecuente valoración para un salario acorde al costo de vida, no se produce bien (sin calidad) y cae en un proceso de existencia infructuoso, y bajo condiciones precarias de subsistencia.
*Sindicalista salvadoreño
