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Por: José María Tojeira*
Hoy disponemos de la ley que llamamos LEIV, por sus siglas, dedicada a proteger de la violencia la vida de la mujer. La Ley ha sido un adelanto claro en nuestra legislación, pero las instituciones no acaban de responder adecuadamente a las exigencias de la normativa. Los feminicidios han aumentado en el año 2021 respecto a los cometidos en el año anterior.
Las más de 7 mil lesiones infligidas a mujeres en 2021, las más de 3 mil agresiones sexuales, la gran cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, junto con la impunidad existente para estos delitos, nos muestran hoy, Día Internacional de la Mujer, que nuestras instituciones son sumamente ineficientes a la hora de aplicar las leyes.
Lo eran en el pasado y lo siguen siendo en la actualidad. El exceso de casos en impunidad lo demuestra. El hecho de que se mantenga en sus puestos políticos o administrativos, sin sanción ni crítica, a acosadores de mujeres muestra la hipocresía de quienes critican la LEIV.
Si bien es cierto que funcionarios o políticos acosadores los ha habido en todos los Gobiernos, quienes se llenan hoy la boca hablando de moralidad deberían ser un poco más humildes, dado su tejado de vidrio. Con razón las mujeres han protestado públicamente el domingo, anticipando su reclamo del Día Internacional de la Mujer que este día conmemoramos.
Las masacres del pasado, crímenes de lesa humanidad, en las que con frecuencia se asesinaba a un gran número de mujeres y niños, continúan en la impunidad y son también casos pendientes. Ahí ni funcionan las instituciones, ni hay leyes adecuadas que permitan un enjuiciamiento claro y pronto de lo sucedido.
En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó la elaboración de una ley de justicia transicional que facilitara el enjuiciamiento de esos crímenes. Pronto se cumplirán seis años del mandato constitucional y la mencionada ley continúa sin aparecer.
Cuando hubo un primer intento, el presidente actual la vetó. Sus diputados ahora dan la impresión de que no saben qué hacer. Tal vez les sale una ley de dos páginas como la del bitcóin. La ignorancia de un buen número de ellos sobre el tema, manifestada en diversas declaraciones, hace prever que si algo se llega a publicar, no será de la calidad necesaria para satisfacer los fines de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Y mucho menos una ley transicional que ofrezca caminos de reconciliación.
El caso de la masacre en la UCA, hoy en desarrollo judicial, ha adquirido, con las declaraciones desquiciadas de algunos funcionarios, un excesivo sesgo político. Se desaprovecha además, incluso injuriando, los esfuerzos realizados por la acusación privada para llevar adelante el caso en un ambiente de reconciliación, diálogo y coherencia con la justicia transicional.
De hecho, no es exagerado decir que en este caso ya se habían dado pasos previos para avanzar en una justicia transicional apropiada a la realidad salvadoreña. Pero al partido en el Gobierno no parece interesarle una justicia que, además de buscar verdad y justicia, trabaje posibles mecanismos de reconciliación. Los que mandan quieren explotar los sentimientos de venganza de un pueblo privado por demasiados años de justicia, y buscan responsables políticos con saña.
Y al mismo tiempo se niegan a exigirle al Ejército que pida perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos o que abra sus archivos al respecto. Porque estos crímenes no fueron “exageraciones particulares” de algunos mandos, sino fruto de un política institucional de exterminio de opositores o de eliminación sistemática de una población civil que pudiera servir de apoyo a las guerrillas por vivir en la misma zona donde estas operaban.
En El Salvador hay demasiados casos pendientes. Todos importantes. Unos muy actuales, como los delitos cometidos contra la mujer, y otros con una larga historia de desdén hacia las víctimas e impunidad. Solamente el Idhuca ha llevado a la Fiscalía en torno a 70 casos que son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Y hay muchos más. Basta con visitar el mural-memorial del parque Cuscatlán, leer nombres de personas y de masacres, para darse cuenta de ello.
Sin una ley de justicia transicional que facilite el enjuiciamiento de estos casos corremos el riesgo de desvirtuar la justicia, mezclándola con esa especie de “pensamiento único” que quiere imponer el Gobierno y que no es más que una fatua pretensión condenada al fracaso. Poner todo el empeño en el caso jesuitas, sin una ley de justicia transicional que ayude al enjuiciamiento de los casos del pasado, y al mismo tiempo abandonando o entorpeciendo casos como el El Mozote, El Sumpul, la Quesera y otras muchas masacres, no es más que un enmascaramiento del deseo de impunidad, por mucho que digan lo contrario.
*Director del Idhuca.
