La deficitaria situación de las finanzas públicas es cada día más insostenible, por lo cual el gobierno más temprano que tarde impulsará alguna reforma tributaria para resolver la urgente necesidad de ingresos.
Cuando finalmente no consiga los 1,300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se confirme que el Bitcoin no es alternativa de financiamiento estatal, los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sean insuficientes y no pueda conseguir más deuda de corto plazo, el gobierno de Nayib Bukele buscará resolver su crisis financiera con impuestos.
¿Y qué tipo de medidas tributarias impondrá? Ésa es la incógnita. ¿Será incrementar la regresividad fiscal y la injusticia tributaria aumentado el IVA y poniendo más impuestos al consumo?; ¿o aprovechará la súper mayoría legislativa para realizar la postergada reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”?. En este segundo caso tocaría poner impuestos directos al patrimonio de los más ricos, aumentar la renta empresarial y gravar las grandes transferencias financieras y los bienes y servicios de lujo.
Sin embargo, nada indica que el oficialismo vaya a impulsar la necesaria reforma fiscal progresiva. En primer lugar, porque -a poco de cumplir tres años de su gobierno- Bukele no ha implementado ninguna medida que afecte a las grandes empresas, razón por la cual los principales grupos oligárquicos (Dueñas, Regalado, Kriete, Callejas) lo respaldan o conviven pragmáticamente con él.
En segundo lugar, la perspectiva ultra neoliberal de Bukele empuja hacia mayores exenciones tributarias y otros beneficios fiscales a las grandes empresas como medida de atracción de inversiones. Por ejemplo, el mandatario proyecta crear la “Bitcoin City” que sería una zona económica especial libre de todos los impuestos y recientemente anunció la presentación de varias reformas legales para crear un “refugio de libertad” para los inversionistas, especialmente para sus amigos fanáticos bitcoiner.
Lo anterior apunta a que la solución de la crisis fiscal que tomará el gobierno será incrementar los impuestos a la población y no a las grandes empresas. Y si lo hace aumentará el costo de la vida y la pobreza, afectará a las capas medias y agravará el sufrimiento de los sectores populares.
Por eso es urgente que las organizaciones sociales y la población en general presionen al gobierno de Bukele para que la solución a la crisis fiscal no sea aumentar el IVA y otros impuestos a la gente, sino la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
